Viernes 09/12/2016.

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Un tribunal de Bahréin permite que cuatro periodistas acusados de falsificar noticias puedan llamar a testigos

Un tribunal de Bahréin informó este miércoles de que permitirá a cuatro periodistas acusados de publicar historias falsas que llamen a declarar a testigos a sus juicios, lo que no es habitual en casos relacionados con las últimas protestas.
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El juicio contra los cuatro periodistas de 'Al Wasat', uno de ellos es procesado en rebeldía, es uno de los pocos relacionados con las revueltas pro democracia que se celebra en un tribunal civil. Está previsto que comience el 19 de junio.

Los acusados, incluido el editor jefe del periódico, se encuentran en libertad bajo fianza y han reconocido haberse sorprendido por la decisión de permitir que puedan llamar a testigos. Además, han declarado que el caso se está tratando de forma justa.

Nabeel Rajab, uno de los principales activistas de Derechos Humanos de Bahréin, aseguró que los abogados en tribunales militares tienen dificultades para convocar a testigos, ya que estos temen que les detengan. "Tienen demasiado miedo de ser perseguidos, por lo que en raras ocasiones vemos testigos en estos juicios", señaló.

Algunos familiares de los periodistas aseguraron que el juicio contra los acusados no debería celebrarse, ya que los cuatro perdieron su trabajo en 'Al Wasat'. "Pueden tratarlos bien ahora porque ya consiguieron lo que querían, destruyeron el diario", indicó un familiar.

Las autoridades suspendieron la publicación de 'Al Wasat' después de que se le acusara de falsificar seis artículos, pero comenzó otra vez a publicarse después de que el editor jefe, Mansur al Jamri, el editor general, Walid Noueihed, y el jefe de noticias locales, Aqeel Mirza, dimitieran en abril.

Los periodistas se han declarado no culpables de los cargos de inventar noticias y de intento de inestabilidad. Podrían ser condenados a hasta dos años de prisión.

Al Jamri reconoció que 'Al Wasat' publicó seis noticias falsas, pero estas fueron enviadas desde una dirección IP que al parecer intentaba realizar una campaña de desinformación. Además, Al Jamri explicó a los periodistas que estaba en contacto con el rey y otros altos cargos, al igual que con el Ministerio del Interior pidiéndoles ayuda después de que sus instalaciones fueron atacadas en marzo.

Las organizaciones de Derechos Humanos han denunciado en varias ocasiones que el Gobierno de Bahréin ha tenido en el punto de mira a los periodistas en un intento por acabar con las protestas.

Además, los grupos opositores aseguran que cientos de personas se enfrentan a juicio, la mayoría en tribunales militares, por acusaciones de actos ilegales durante las protestas. Human Rights Watch estima que 82 personas ya han sido condenadas y que solo cinco han sido absueltas.

A mediados de marzo se aprobó el Estado de emergencia, que acabó a principios de junio, para intentar frenar las revueltas. Además, el Gobierno pidió ayuda a los países vecinos, entre ellos Arabia Saudí, que enviaron efectivos para contener a los manifestantes.

Las autoridades de Bahréin (suníes) aseguran que las protestas de febrero y marzo, lideradas principalmente por chiíes, estaban impulsadas desde Irán.

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