La nueva legislación eleva de 12 a 24 meses el requisito de residencia en Navarra para poder acceder a la prestación. Además, el proyecto de ley del Gobierno establece dos itinerarios: uno para personas en situación de exclusión social y otro para personas que han perdido su trabajo y se les han terminado las prestaciones por desempleo.
Los socios de Gobierno, UPN y PSN, rechazaron las enmiendas a la totalidad que habían presentado todos los grupos de la oposición contra la nueva ley y permitieron que la norma pudiera ser tramitada en el Parlamento.
En el transcurso del debate llevado a cabo en la comisión parlamentaria se han discutido 76 enmiendas, de las que se han aprobado siete, cinco de ellas in voce, tres suscritas por UPN y PPN, y dos por UPN y PSN.
De las otras dos enmiendas aprobadas, ambas impulsadas en solitario por el grupo popular y apoyadas por UPN, PSN e I-E, una suma a las obligaciones de los beneficiarios la de «comunicar cualquier cambio de domicilio habitual» (rechazo de NaBai y abstención de Bildu) y la otra incluye la «renuncia» como motivo de extinción del derecho a la prestación (rechazo de Bildu, abstención de Nabai).
Las 69 enmiendas restantes han decaído. Las de NaBai (13), Bildu (16) e I-E (21) se han centrado en mitigar el perfil «restrictivo» de la nueva norma para, cuando menos, mantener la prestación en sus niveles actuales.
Las del PPN, favorable a «actualizar» el contenido de la renta básica, pretendían evitar, fundamentalmente, la «exclusión» como beneficiarios de las personas en situación de desempleo que han agotado el cobro de todo tipo de prestaciones y subsidios.