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Un tribunal de apelaciones desestima una demanda contra la reforma sanitaria de Obama

Un tribunal de apelaciones de Cincinnati (Estados Unidos) ha desestimado la demanda interpuesta por el Centro Thomas Moore, una asociación de abogados conservadores, contra la reforma sanitaria del presidente, Barack Obama. Este órgano judicial determina que el Congreso no incumple la Constitución al obligar a los ciudadanos a contratar un seguro de salud.
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El juez Jeffrey S. Sutton ha subrayado que "el Gobierno tiene el mejor de los argumentos". "No toda ley intrusiva es una ley inconstitucionalmente intrusiva", asegura. Sutton tomó la decisión junto a los jueces Boyce F. Martin Jr. y James L. Graham, quien terminó por discrepar.

La Ley de Asistencia Asequible, que entraría en vigor en 2014, obliga a todos los estadounidenses a contratar seguros de salud bajo amenaza de multa. La Administración argumenta que sin esta disposición, no es razonable pedir a las aseguradoras que corran con los gastos sanitarios de todo el mundo, independientemente de su estado de salud.

Los jueces creen que el mandato es absolutamente constitucional "bajo la Cláusula de Comercio" por dos razones: la provisión regula una actividad económica que el Congreso estima que tiene "efectos significativos sobre el comercio interestatal", al tiempo que el órgano parlamentario tiene igualmente razones para pensar que la medida es esencial para la reforma de los mercados de atención y seguros sanitarios interestatales, según palabras de Martin.

Estos jueces sostienen además que debido a que la necesidad de recibir asistencia sanitaria es impredecible, los individuos no pueden voluntariamente salirse de este mercado.

Por su parte, el juez Graham había advertido de que si se permitía el mandato, "es difícil aventurar cuáles serán los límites de la autoridad de la Cláusula de Comercio del Congreso", informa 'The New York Times'.

Se trata de la primera sentencia de las tres que deben dictar tres tribunales de apelaciones distintos sobre el plan sanitario. Ahora falta por conocer las del tribunal de Richmond (Virginia) y Atlanta (Georgia). Presumiblemente, el Tribunal Supremo acabará por asumir al menos uno de estos casos.

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