En 2013, al menos 778 personas fueron ejecutadas en 22 países. En 2012, Amnistía Internacional había registrado al menos 682 ejecuciones, que habían tenido lugar en 21 países. La mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, Irán, Irak, Arabia Saudí, Estados Unidos y Somalia, por este orden. Sin embargo la pena capital se sigue recogiendo en 57 países.
Las ejecuciones aumentaron un 15 por ciento en comparación con 2012, año en que se registraron al menos 557, también en seis países. En 2013, la inmensa mayoría de las ejecuciones se produjeron en aún menos países que en años previos. Sólo Arabia Saudí, Irak e Irán fueron responsables de más del 95 por ciento de todas las ejecuciones confirmadas en la región
EEUU, lidera las ejecuciones en el continente americano
EEUU es el único país de América en el que se llevó a cabo ejecuciones en 2013. El año pasado se registró un ligero descenso en el uso de la pena de muerte en la región, donde otro estado de Estados Unidos, Maryland, abolió la pena de muerte en mayo. Respecto al número de ejecuciones, el informe subraya que han descendido un 10 por ciento, con respecto a las 43 de 2012. El año pasado se llevaron a cabo 39 ejecuciones en 9 estados, el 82 por ciento de ellas en estados del sur. Sólo en Texas se llevó a cabo el 41 por ciento de todas la ejecuciones de 2012, lo que supuso un aumento del 34 por ciento.
Explica este informe que, el uso de la pena de muerte en EEUU sigue caracterizándose por los errores, las incoherencias y las disparidades raciales. Uno de los casos más llamativos durante 2013 fue la ejecución del mexicano Edgar Arias Tamayo. No tuvo posibilidad de recibir una asistencia como la que el consulado proporcionó después, y su abogado no presentó en el juicio prueba de las privaciones y abusos que había sufrido de niño, sus problemas de desarrollo y la grave lesión que había sufrido en la cabeza a los 17 años y sus efectos en su comportamiento, como el empeoramiento de su dependencia de las drogas y el alcohol. En 2008, un psicólogo determinó que el funcionamiento intelectual de Edgar Tamayo se situaba en el rango de “discapacidad intelectual leve”, por lo que su ejecución era inconstitucional según la legislación estadounidense.
Respecto al resto de los países del continente, se dictaron 15 nuevas condenas de muerte: 2 en Bahamas, 2 en Barbados, al menos 6 en Guyana y al menos 5 en Trinidad y Tobago. Estas cifras no representan un aumento significativo con respecto a 2012, cuando se registraron a menos 12 nuevas condenas de muerte.
Asia y Oceanía
Se tuvo noticia de ejecuciones llevadas a cabo en 10 países, 2 más que en 2012. Una vez más, el número de personas ejecutadas en China fue superior a la cifra total de ejecuciones en el resto del mundo, pero resultó imposible obtener un retrato preciso de la realidad de la pena a de muerte en ese país. Excluida China, y a pesar de la reanudación de las ejecuciones en Indonesia y Vietnam, en 2013 se confirmaron 37 ejecuciones, una menos que en 2012. Pakistán suspendió una vez más la aplicación de la pena de muerte, y tampoco se ejecutaron condenas de muerte en Singapur, donde se conmutaron las de seis personas tras la revisión en 2012 de la legislación sobre la imposición preceptiva de la pena capital en determinadas circunstancias.
El informe destaca que se amplió el ámbito de aplicación de la pena de muerte en Bangladesh, India y Papúa Nueva Guinea. En varios países de la región, los juicios por delitos punibles con la muerte seguían violando el derecho y las normas internacionales sobre el uso de la pena capital. Se condenó a muerte a algunas personas en función de pruebas obtenidas mediante tortura y otros malos tratos.
En Afganistán se llevaron a cabo 2 ejecuciones y se impusieron 174 nuevas condenas de muerte por asesinato y terrorismo. Al finalizar el año había alrededor de 300 personas condenadas a muerte.
En Bangladesh se llevó a cabo 2 ejecuciones e impuso al menos 220 condenas de muerte. Un total de 152 de estas condenas se impusieron en una sola causa relacionada con un motín de 2009, tras el que los acusados fueron sometidos presuntamente a tortura en prisión preventiva. Según la información disponible, al finalizar el año había al menos 1.100 personas condenadas a la pena capital.
No se tuvo noticia de la imposición de nuevas condenas de muerte en Brunéi Darussalam. El 22 de octubre se promulgó un nuevo Código Penal que conservaba la pena de muerte incluso para actos que no cumplían el criterio de los más graves delitos y, en algunos casos, para actos que no deberían considerarse delitos, como el adulterio y las relaciones homosexuales con consentimiento mutuo. Además, se fijaba el final de la infancia en la pubertad, por lo que cabía imponer la pena de muerte por delitos cometidos por personas menores de 18 años.
China continuó ejecutando a mayor número de personas que el resto del mundo conjuntamente, a menudo tras juicios injustos y por delitos no mortales, como tráfico de drogas y delitos económicos. Las autoridades continuaron tratando el número de condenas de muerte y ejecuciones como secreto de Estado y no publicaron estadísticas.
En India se llevó a cabo una ejecución el 9 de febrero, la de Mohammad Afzal Guru, ahorcado en secreto en la prisión de Tihar de Nueva Delhi.
Indonesia reanudó sin avisar las ejecuciones tras cuatro años sin llevar a cabo ninguna: Adami Wilson, ciudadano de Malawi declarado culpable de tráfico de drogas, fue fusilado. Cuatro personas más fueron ejecutadas durante el año. Suryadi Swabuana, Jurit bin Abdullah e Ibrahim bin Ujang en mayo, por asesinato, y Muhammad Abdul Hafeez, paquistaní, en noviembre, por tráfico de drogas. Ninguna de las ejecuciones se anunció previamente.
En Japón fueron ejecutadas ocho personas por asesinato. Se impusieron cinco nuevas condenas de muerte, mientras a que a dos personas, Kazuo Inou y Tatsumi Tateyama, les conmutaron la suya por cadena perpetúa. Al finalizar el año había un total de 130 personas condenadas a muerte. El uso de la pena capital siguió rodeado de secreto en Japón. El 21 de febrero fueron ejecutados Masahiro Kanagawa, Kaoru Kobayashi y Keiki Kano sin haber avisado previamente a sus familias. Asimismo, continuó utilizándose la pena de muerte en contra de las normas internacionales sobre su uso. Kobayashi y Kano fueron ejecutados pese a que ambos se disponían a solicitar un nuevo juicio, y Tokuhisa Kumagai, uno de los ocho presos ejecutados en 2013, tenía más de 70 años.
Se impusieron al menos tres nuevas condenas de muerte por tráfico de drogas en Laos, donde la última ejecución se llevó a cabo en 1989.
En Malasia, al menos dos personas fueron ejecutadas en secreto en una por asesinato, y la otra, por tráfico de drogas. Se tuvo noticia de la imposición de al menos 76 nuevas condenas de muerte, 47 de ellas por delitos de drogas. De todas las personas condenadas a muerte, 37 eran ciudadanos extranjeros, y 10, mujeres. Se calculaba que al final de 2013 había 992 personas condenadas a muerte.
En Maldivas no se llevan a cabo ejecuciones desde 1954, pero el año pasado se impusieron al menos 13 nuevas condenas de muerte.
Mongolia no llevó a cabo ninguna ejecución por cuarto año consecutivo, pues el presidente había establecido una moratoria oficial de las ejecuciones en 2010.
Myanmar las autoridades anunciaron que todas las condenas de muerte pendientes aún de ejecución en el país habían sido conmutadas
En Corea del Norte se recibió información fiable que indicaba que se habían llevado a cabo al menos 70 ejecuciones. Se cree que la verdadera cifra fue mucho mayor. Se recibió también nueva información sobre numerosas ejecuciones públicas y de opositores al líder norcoreano, King Jong un, incluido su tío Jang Seong. Otros delitos por los que, según la información recibida, se llevaban a cabo ejecuciones eran el asesinato y el canibalismo, la malversación, la pornografía, la huida a China, la corrupción, las actividades contrarias a las metas del Partido de los Trabajadores de Corea y la visualización de vídeos prohibidos de Corea del Sur.
En Pakistán continuó en 2013 la suspensión de las ejecuciones. Se impusieron al menos 226 nuevas condenas de muerte, y al final del año había al menos 8.526 personas condenadas a la pena capital
No se tuvo noticia de la imposición de ninguna condena de muerte nueva en Papúa Nueva Guinea, donde al final del año había 10 personas condenadas a muerte. No se llevan a cabo ejecuciones desde 1954.
No se llevó a cabo ninguna ejecución en Singapur. Se tuvo noticia de la imposición de al menos una nueva condena de muerte, y al final del año había al menos 26 personas condenadas a la pena capital.
Al menos 13 nuevas condenas de muerte se impusieron en Sri Lanka donde la última ejecución llevada a cabo fue en 1976. Se indultó al menos a 15 personas.
En Taiwán se llevaron a cabo seis ejecuciones y se impusieron siete nuevas condenas de muerte. Al concluir el año había 62 personas condenadas a muerte, 52 de ellas sin ninguna posibilidad más de recurso judicial.
No se llevó a cabo ninguna ejecución en Tailandia, donde se impusieron al menos 50 nuevas condenas de muerte por asesinato y delitos de drogas, incluso a ciudadanos extranjeros.
No se impuso ninguna condena de muerte nueva en Tonga , donde la última ejecución se había llevado a cabo en 1982.
Vietnam reanudó las ejecuciones, tras más de 18 meses de interrupción, el 6 de agosto, cuando, según la información disponible, fue ejecutado por inyección letal Nguyen Anh Tuan, que había sido declarado culpable de asesinato en 2010.
Europa y Asia Central
Bielorrusia es el último país de Europa y Asia Central que sigue utilizando la pena de muerte: Por primera vez desde 2009, no se registraron ejecuciones en 2013. Se dictaron al menos cuatro condenas a muerte, frente a ninguna en 2012.
En Kazajistán seguía manteniéndose la suspensión oficial de las ejecuciones establecida en diciembre de 2003.
En Rusia, durante el año, algunos miembros de la cámara alta y la cámara baja (Duma) del Parlamento de Rusia y también el ministro del Interior, Vladimir Kolokoltsev, pidieron a título personal la restauración de la pena de muerte, especialmente tras crímenes de gran resonancia, como asesinatos de menores y los atentados con explosivos de octubre y diciembre en Volgogrado. Sin embargo otros, como el defensor del pueblo ruso Vladimir Lukin, el presidente de la cámara baja del Parlamento, Sergey Naryshkin, y el presidente del Consejo Presidencial d Derechos Humanos, Mikhail Fedotov, rechazaron estas propuestas. En abril, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, puso en tela de juicio la eficacia de la pena de muerte para reducir la delincuencia. Sin embargo, no se tomaron medidas para pasar de la suspensión oficial de la pena capital, en vigor desde 1996, a su abolición legal.
Oriente Medio y Norte de África
El uso de la pena de muerte en algunos países de Oriente Medio y el Norte de África fue un motivo de preocupación aún mayor que en años anteriores. El alarmante aumento de las ejecuciones en Irán e Irak, la persistencia de un elevado número de ejecuciones en Arabia Saudí y la reanudación de las ejecuciones en Kuwait ensombrecieron el hecho de que, durante los dos últimos años, en dos tercios de los países de la región no había habido informes de ninguna ejecución. Hubo algunas novedades positivas. En los Emiratos Árabes Unidos (EAU) no hubo informes de ejecuciones, y se impusieron menos condenas a muerte. Por primera vez desde 2009, no hubo informes de condenas a muerte en Bahréin. Sin embargo, tanto Argelia como Bahréin ampliaron el ámbito de aplicación de la pena de muerte. Ex jefes de Estado depuestos y altos funcionarios de anteriores gobiernos comparecieron en juicios de pena de muerte en Egipto y Libia. En los proyectos de Constitución propuestos en Túnez y Egipto y a probados a principios de 2014 no había disposiciones que prohibieran la pena capital
Se confirmaron al menos 638 ejecuciones en 6 países (de los 19 de la región): Arabia Saudí (79+), Autoridad Palestina (autoridades de Hamás en Gaza 3+), Irak (169+), Irán (369+), Kuwait (5) y Yemen (13+). Como en 2012, no pudo confirmarse si hubo ejecuciones judiciales en Egipto y en Siria.
En Argelia se impusieron al menos 40 condenas a muerte por asesinato y actos relacionados con atentados terroristas. La mayoría fueron condenas a muerte en relación con ataques llevados a cabo por el grupo armado Al Qaeda en el Magreb Islámico.
En Bahréin no hubo ejecuciones y, por primera vez en cuatro años, tampoco se impusieron nuevas condenas a muerte.
En Egipto se dictaron al menos 109 condenas a muerte, pero no pudo confirmarse si había habido ejecuciones. Las actuales autoridades de Egipto han propuesto nuevas leyes antiterroristas que ampliarían el ámbito de aplicación de la pena de muerte. Los textos que ha visto Amnistía Internacional imponen la pena capital por una amplia gama de delitos, como crear una organización terrorista tomar parte en actos terroristas con consecuencias letales o dirigir bandas para atacar a las fuerzas de seguridad.
Las ejecuciones en Irán aumentaron aún más durante 2013. Tras la elección el 14 de junio de Hasán Rohani como presidente de Irán, se tomaron algunas medidas para mejorar la imagen del país, como la excarcelación de posiblemente decenas de presos políticos, uno de ellos condenado a muerte. Sin embargo, no hubo señales de que el resultado de las elecciones condujera a cambios en la aplicación de la pena capital en el país. Las autoridades iraníes o los medios de comunicación controlados o autorizados p
Oficialmente 369 ejecuciones (358 hombres y 11 mujeres), lo que supone un incremento del 18 por ciento frente a 2012. Sin embargo, hay indicios creíbles de que muchas de estas ejecuciones se llevaron a cabo en secreto, y fuentes f iables informan de al menos 335 ejecuciones más (entre ellas al menos las de 18 mujeres) En conjunto, las ejecuciones llevadas a cabo en 2013 ascendería al menos a 704. Los informes apuntan a la posibilidad de que al menos 11 de las personas ejecutadas tuvieran menos de 18 años en el momento de cometerse el presunto delito. Las mayoría de las ejecuciones en 2013 fueron por asesinato, narcotráfico, violación, espionaje
Los delitos: asesinato, narcotráfico, violación, espionaje e imprecisos delitos de moharebeh (“enemistad con Dios y corrupción en la tierra. Moharebeh se refiere principalmente a insurrección armada, pero en la práctica se ha aplicado en casos en los que el acusado no se ha alzado en armas, sino que presuntamente se ha asociado con organizaciones prohibidas en Irán. Las condenas a muerte suelen imponerse tras procedimientos que violan las normas internacionales sobre juicios justos. Durante la fase anterior al juicio, estos procedimientos incluyen la detención en régimen de incomunicación. Con respecto a las ejecuciones, los abogados denuncian que no se les informa de con antelación, a pesar de que la ley iraní dispone que debe notificárseles la ejecución de un cliente con 48 horas de plazo.
Por tercer año consecutivo, en Irak se produjo un fuerte aumento de las ejecuciones. Se ejecutó al menos a 169 personas, un incremento de más del 30 por ciento del total conocidode 2012 (al menos 129), y la cifra más alta desde 2003. Al parecer, la inmensa mayoría de las ejecuciones de los últimos años fueron por condenas en aplicación del artículo 4 de la Ley Antiterrorista (Ley Nº 13) de 2005. Entre ellas figuran las de varios ciudadanos de otros estados predominantemente árabes. La Ley se aplica, en términos imprecisos, a la promoción de actos de terrorismo, su planificación, financiamiento, comisión o apoyo a otros para cometerlos. El gobierno afirma que la pena de muerte es necesaria para hacer frente al elevado número de ataques de los grupos armados contra la población civil. No hay pruebas que avalen la opinión de que la pena capital tiene un efecto disuasorio sobre el delito o los ataques. De hecho, la situación de seguridad del país ha empeorado en los últimos años.
En Jordania se impusieron al menos siete condenas a muerte, todas a ciudadanos jordanos declarados culpables de asesinato, entre ellos una mujer.
Kuwait reanudó las ejecuciones por primera vez desde 2007 con la ejecución de cinco hombres en la horca.
En Líbano no hubo ejecuciones por noveno año consecutivo.
Tras la reanudación parcial de sus actividades en 2012, los tribunales civiles y militares de Libia dictaron al menos 18 condenas a muerte en 2013, todas por homicidio. La mayoría fueron por delitos presuntamente cometidos durante el conflicto armado de 2011, pero otras se dictaron en causas ordinarias, por ejemplo de asesinato.
En Marruecos y el Sáhara Occidental hubo 10 sentencias de muerte, y al terminar el año había un total de 113 personas en espera de ejecución.
Se llevaron a cabo tres ejecuciones en zonas bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina y en total se dictaron al menos 14 condenas a muerte.
En Arabia Saudí se registraron al menos 79 ejecuciones, incluida la de una mujer. Esto coincide con las cifras de años anteriores (2012: 79+; 2011: 82). Por lo general, la agencia oficial de prensa saudí informa de todas las ejecuciones después de haberse llevado éstas a cabo, pero informes fidedignos de fuentes saudíes indican que hubo una ejecución secreta. En algunos casos no se comunica la ejecución a la familia del condenado. Las ejecuciones normalmente se llevaron a cabo mediante decapitación o pelotón de fusilamiento, a menudo en público. Arabia Saudí volvió a ejecutar a personas por delitos que presuntamente habían cometido cuando tenían menos de 18 años, como sucedió en 2007 y en 2009, violando con ello el derecho internacional. En marzo, dos hombres que tenían menos de 18 años en el momento de su detención fueron fusilados en una plaza pública.
Durante 2013 continuó el conflicto armado interno entre el gobierno y las fuerzas de oposición en Siria, que provocó miles de muertes violentas más, la mayoría de ellas de civiles. La pena de muerte siguió en vigor, pero no fue posible confirmar si se impuso alguna condena a muerte, ni si el Estado llevó a cabo alguna ejecución judicial.
Túnez se impusieron al menos cinco condenas a muerte en 2013, todas por asesinato. Los sucesivos proyectos de Constitución no prohibían la pena de muerte, y disponían que el derecho a la vida es sagrado y no se puede infringir excepto en los casos graves previstos en la legislación.
Al contrario que en los dos años anteriores, en Emiratos Árabes Unidos (EAU) no hubo informes de ejecuciones en 2013. Se dictaron al menos 16 condenas a muerte, la menor cifra registrada desde 2009. La mayoría eran por asesinato. Una se dictó por la violación de un menor. Sólo se sabe de una condena a muerte impuesta por tráfico de drogas, lo cual supone un importante descenso frente a los dos años anteriores, en los que aproximadamente un tercio de las condenas eran por delitos relacionados con droga.
Yemen , en este país hubo al menos 13 ejecuciones, la cifra más baja desde 2008. Se dictaron al menos tres nuevas condenas a muerte. Todos los casos eran de hombres yemeníes declarados culpables de asesinato. Las autoridades tomaron medidas para reducir el ámbito de aplicación de la pena de muerte y restablecieron un comité de expertos en medicina forense para evaluar los casos en que la edad del acusado en el momento de cometerse el delito ofreciera dudas.
África Subsahariana
El panorama en el África Subsahariana fue desigual. Sólo en una pequeña minoría de países se llevaron a cabo ejecuciones, y los informes sobre imposición de penas de muerte se redujeron a menos de la mitad de todos los Estados de la región. No obstante, en Nigeria se reanudaron las ejecuciones y en Somalia se produjo un aumento importante en el número de ejecuciones documentadas.
En Benín no se impusieron penas de muerte por tercer año consecutivo, aunque 13 personas seguían condenadas a muerte, los procesos en curso de reforma constitucional generaron oportunidades reales de abolición permanente de la pena capital. En Benín y Comoras se estaban considerando proyectos de código penal en los que la pena de muerte quedaría abolida.
Botsuana es el único país del África Austral que todavía lleva a cabo ejecuciones, y así lo ha hecho en los últimos años, salvo en 2011
En Burkina Faso se impuso durante el año al menos una nueva condena a muerte, después de haber transcurrido 2012 sin ninguna.
En Eritrea, a la mayoría de las personas detenidas no se las procesa judicialmente, pues no existe un sistema de justicia como tal.
En Etiopía se impusieron al menos ocho condenas a muerte, las primeras de las que se tenía noticia desde 2010.
En Gambia no se llevaron a cabo nuevas ejecuciones, práctica que se había reanudado en 2012 tras casi tres décadas sin ellas.
En Ghana se impusieron 14 condenas a muerte, todas ellas a hombres ghaneses declarados culpables de asesinato.
De Kenia se recibió información sobre la menos 11 condenas a muerte, entre ellas algunas por delitos no letales como el robo de vehículo con violencia o intimidación en las personas.
En Lesoto se impuso al menos una condena a muerte por asesinato múltiple
En Liberia, un hombre fue condenado a muerte por asesinato y violación en junio. En el curso de una visita efectuada en octubre por representantes de la Unión Europea al Tribunal Supremo.
En Malawi, según las ONG locales, había 29 personas condenadas a muerte. En enero, el fiscal general, Antony Kamanga, justificó el mantenimiento de la pena capital asegurando que la mayoría de la ciudadanía era partidaria de ella.
En Malí se dictaron al menos siete condenas a muerte en 2013, todas ellas por asesinato. La pena de muerte es aplicable a varios delitos tipificados en el Código Penal entre ellos, desde2007, los relacionados con el terrorismo. Durante su examen periódico universal en enero de 2013, Malí manifestó que en 2008 se había presentado un proyecto de ley a la Asamblea Nacional y que las penas de muerte se conmutaban sistemáticamente por penas de prisión.
En Mauritania se dictaron al menos dos condenas a muerte en 2013 por asesinato. Según la información gubernamental, hay 72 personas condenadas a muerte, la mayoría por delitos de asesinato, robo y terrorismo.
El 24 de junio se reanudaron las ejecuciones en Nigeria , cuando se ejecutó a cuatro hombres en la prisión de Benin City, en el estado de Edo, al sur del país; eran las primeras ejecuciones de las que se tenía noticia desde 2006. Las ejecuciones se llevaron a cabo sin comunicación previa a los familiares y a pesar de que, según los abogados de los hombres, todavía tenían recursos pendientes.
En Sierra Leona se impuso una condena a muerte, la primera desde 2011. El condenado había sido declarado culpable de asesinato en septiembre y actualmente es el único en espera de ejecución tras los indultos presidenciales concedidos en los dos años previos.
Al menos 34 personas fueron ejecutadas y no menos de 117 condenadas a muerte en Somalia. A pesar de que en diciembre de 2012 el gobierno había votado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de la resolución sobre una moratoria de las ejecuciones, bajo la autoridad del Gobierno Federal se impusieron al menos ocho condenas a muerte y se llevaron a cabo como mínimo 15 ejecuciones.
En Sudán del Sur se llevaron a cabo al menos cuatro ejecuciones, a pesar de que en diciembre de 2012 el gobierno había votado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de la resolución sobre una moratoria de las ejecuciones.
En Sudan se llevaron a cabo, según los informes, al menos 21 ejecuciones. Conforme a la información recibida, en febrero se ejecutó en Port Sudan a tres personas originarias de Darfur a las que se había condenado por robo a mano armada.
En Suazilandia no hubo informes sobre condenas a muerte, aunque se creía que había al menos seis personas en espera de ejecución. La última ejecución se llevó a cabo en 1983.
En Tanzania, según los informes, el Tribunal Supremo dictó al menos siete condenas a muerte, todas ellas por asesinato.
En Zambia se dictaron al menos nueve sentencias de muerte, todas ellas por asesinato. Entre las personas condenadas había una mujer de 24 años que había matado a su bebé y luego intentó suicidarse porque consideraba que no podía garantizar su sustento.
En Zimbabue se impusieron 16 nuevas condenas a muerte. Al finalizar el año había dos mujeres y 89 hombres en espera de ejecución.