La ONG venezolana ‘Una Ventana a la Libertad’, dedicada a la defensa y la promoción de los derechos humanos de los presos, ha denunciado, junto con los familiares afectados, las reiteradas palizas y maltratos a las que someten los trabajadores de la Comunidad Penitenciaria de Coro a los encarcelados.
Un vídeo grabado por los propios presos de Coro muestra como un guardia les golpea uno a uno con un palo mientras ellos, desnudos, esperan su turno para recibir la paliza.
Además, en la denuncia presentada por la ONG ante el Fiscal General de la República, se refleja que la capacidad permitida para dicha prisión es de 750 reclusos, y en la actualidad se calcula que habría unos 1800 presos hacinados, según datos no oficiales.
La ONG denuncia también que la comida proporcionada a los reclusos es “precaria, insuficiente y alejada de los valores nutricionales que deberían tener”, así como que se ha privado de la visita de familiares a numerosos presos, hasta el punto de que muchos de ellos llevan más de dos meses sin ver a sus parientes.
Sin embargo, se desconoce la versión oficial de lo que allí ocurre, pues el ente encargado de las políticas penitenciarias mantiene silencio absoluto sobre lo que allí está pasando, según figura en el escrito.
Por último, la denuncia de »Una Ventana a la Libertad» pide que se investiguen las palizas y las irregularidades cometidas en dicha prisión para determinar responsabilidades penales, civiles y administrativas y que se sancione a los responsables de los hechos.
El Gobierno ha abierto una investigación
El gobierno venezolano, por su parte, ha anunciado la apertura de una investigación sobre estos presuntos malos tratos a presos según ha informado el ministerio de Asuntos Penitenciarios, tras la denuncia y la difusión de un video por parte de una ONG.
«Estamos investigando este hecho, que repudiamos totalmente. Vamos a determinar el lugar, el día y quiénes son los responsables» de la agresión contra los reos, dijo el jefe de prensa del ministerio, Francisco Solórzano.
Según Solórzano, «no hay pruebas» de que la agresión ocurriera en esa prisión, aunque destacó que la ministra del ramo, Iris Varela, «ha repudiado totalmente» el hecho y advirtió que las «consecuencias las pagarán los responsables».
Las prisiones de Venezuela están afectadas por un alto nivel de hacinamiento, insalubridad y violencia entre presos. Cifras oficiales señalan que hay casi 50.000 reclusos, pero la infraestructura carcelaria sólo tiene capacidad para unos 14.000.
En octubre, el gobierno ordenó cerrar otra prisión en Coro al considerar que carecía de condiciones para que permanecieran los presos y el presidente Hugo Chávez decretó el estado de «emergencia en infraestructura» de las cárceles del país.