Miércoles 19/12/2018.

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Los 28 acuerdan destinar 500 millones para la defensa conjunta

Los Veintiocho han llegado a un acuerdo político este martes para destinar 500 millones de euros de presupuesto comunitario en 2019 y 2020 para incentivar proyectos de desarrollo en defensa conjuntos a través del Fondo Europeo de Defensa.

La Comisión Europea propuso en junio crear un Fondo Europeo de Defensa dotado de hasta 5.500 millones al año a partir del 2021 --en su mayoría con aportaciones voluntarias de los Estados miembro-- para incentivar proyectos conjuntos de investigación, desarrollo y adquisición conjuntos de capacidades militares entre los países de la UE, que contará con dos ventanillas, una para proyectos de investigación y otra para desarrollo de capacidades.

El Ejecutivo comunitario propuso contribuir por su parte 500 millones en 2019 y 2020 para cofinanciar prototipos industriales a través del Fondo y 1.000 millones al año a partir de 2021, así como otros 90 millones para investigación en los próximos tres años y 500 millones anuales a partir de 2021.

Los Veintiocho han aprobado este martes su posición negociadora sobre las normas para crear el denominado Programa Europeo de Desarrollo Industrial (EDIDP, por sus siglas en inglés) con el objetivo de fomentar la competitividad e innovación de la industria de defensa europea para contribuir a la autonomía estratégica europea y promover la colaboración entre países y empresas en el desarrollo de tecnologías y equipos "coherentes" con las capacidades de defensa prioritarias acordadas conjuntamente.

Según las normas acordadas, que comenzarán a negociarse a principios de 2018 con la Eurocámara de cara a cerrar un acuerdo y poder comenzar a financiar los primeros proyectos de capacidades en 2019, podrán optar al Fondo proyectos en "fase de desarrollo" desde estudios de viabilidad, el diseño de un producto, prototipos industriales, ensayos de prueba y la cualificación y certificación de un producto pero en ningún caso cubrirá "la producción ni la adquisición de productos y tecnologías de defensa".

Podrán optar a ayudas proyectos de consorcios en los que participen "al menos tres" empresas "establecidas como mínimo" en dos países de la UE y las empresas beneficiadas y sus subcontratistas "no estarán sujetos a control por parte de terceros países ni de entidades de terceros países". Las empresas controladas por países o empresas de fuera de la UE sólo serán admisibles "de no haber sustitutos competitivos disponibles inmediatamente en la UE" y si hay "garantías suficientes" de que no irá en contra de los intereses de seguridad y defensa de la Unión.

Se tendrán en cuenta, para optar a ayudas, criterios como la contribución del proyecto a la autonomía industrial del sector europeo y los intereses de la Unión en materia de seguridad y defensa y a las capacidades prioritarias acordadas por los Estados miembro y la participación de las pequeñas y medianas empresas establecidas en la Unión -como miembros del consorcio y subcontratistas.

La ayuda europea "no superará el 20% del coste subvencionable", aunque si el proyecto se desarrolla en el marco de la cooperación estructurada permanente en defensa (PESCO) podría beneficiarse de un 10% "adicionales" y si los países donde están establecidas las empresas del consorcio se comprometen a "cofinanciar o adquirir o utilizar conjuntamente el producto o la tecnología final, podrá beneficiarse de un porcentaje de financiación incrementado en 5 puntos porcentuales".

España y otros 24 países de la Unión Europea han lanzado la cooperación estructurada permanente en defensa que les permitirá avanzar en su integración en este terreno tanto para el desarrollo de capacidades concretas como para lanzar operaciones en el exterior y han identificado la primera lista de 17 proyectos de cooperación concretos, uno de los cuáles lidera España. En concreto, el proyecto destinado a mejorar la capacidad de mando y control en las operaciones y misiones de la Política de Defensa y Seguridad de la UE, en el que también participarán Alemania, Italia y Portugal y, como observador, Luxemburgo.

La Comisión será la encargada de adjudicar la financiación a los proyectos previa evaluación de los mismos, para la que contará con la ayuda de expertos independientes validados por los Estados miembro.
La Unión no será propietaria de los productos o tecnologías resultantes ni reclamará ningún derecho de propiedad intelectual y tampoco habrá restricciones en términos de transferencia de tecnología por parte de terceros países. El programa de ayudas comunitario a tampoco afectará a la discrecionalidad de los países de la UE en lo referencia a su política de exportaciones de equipos de defensa.


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