Lunes 21/05/2018.

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Al menos 130 detenidos o perseguidos en los dos meses previos al Congreso PCCh

Al menos 130 personas han sido detenidas o sometidas a algún tipo de medida restrictiva desde septiembre en China, donde el inminente relevo de liderazgo ha intensificado la persecución contra activistas y disidentes por parte de las autoridades comunistas, denunció hoy Amnistía Internacional (AI).
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Al menos 130 personas han sido detenidas o sometidas a algún tipo de medida restrictiva desde septiembre en China, donde el inminente relevo de liderazgo ha intensificado la persecución contra activistas y disidentes por parte de las autoridades comunistas, denunció hoy Amnistía Internacional (AI).

Un comunicado divulgado por la organización asegura que en los pasados dos meses, la Policía ha puesto a docenas de activistas bajo arresto domiciliario, cerrado asociaciones y enviado a supuestos disidentes a "cárceles negras" (centros ilegales de detención).

AI considera que la elevada cifra de "perseguidos" se debe al delicado momento que atraviesa el país, que no quiere que haya alteraciones imprevistas cuando está a punto de comenzar -el 8 de noviembre- el XVIII Congreso del Partido Comunista (PCCh), del que saldrán los líderes chinos del próximo decenio.

"Con una nueva generación de líderes (Xi Jinping como presidente y Li Keqiang como primer ministro, presumiblemente) a las puertas de tomar el poder en China, seguimos presenciando las mismas viejas tácticas de represión del régimen", asegura Roseann Rife, directora para el este de Asia de AI en el comunicado.

La denuncia de la organización internacional se suma a la de la asociación china Defensores de los Derechos Humanos (CHRD), con sede en Hong Kong, que ha publicado un informe similar en el que detalla varios casos de acoso contra conocidos activistas de la potencia asiática.

"Las autoridades de todo el país están imponiendo una dura persecución contra activistas y disidentes debido al relevo de poderes", aseguró hoy a Efe Renée Xia, autora del texto y directora del departamento internacional del CHRD.

Xia defiende que la intención del régimen es "mantener la estabilidad" antes y durante el Congreso, sobre todo, de modo que la transición de poderes tenga lugar de un modo "suave y sin sobresaltos".

Para ello, la Policía de la capital pequinesa ha sometido a arresto domiciliario al activista Hu Jia -conocido por sus iniciativas para combatir la transmisión del VIH- y ha estrechado la vigilancia contra abogados de derechos humanos como Jiang Tianyong o Li Xiongbing, recoge el CHRD, entre otros muchos casos.

A ello se suma la sentencia de ocho años de cárcel por "subversión al Estado" contra el ciudadano chino Cao Haibo, quien había creado una página web en la que debatía sobre reformas políticas con otros internautas.

Cao, de 27 años y dueño de un cibercafé, fue condenado el jueves por un tribunal del sur de China tras un juicio a puerta cerrada en mayo, un proceso que Xia considera "ilegal".

En su opinión, se trata de "un claro caso de persecución política del régimen comunista".

La directora del CHRD asevera en el informe que los diversos casos evidencian que "los líderes políticos están muy nerviosos, debido a que este año han estado sometidos a una de las más desestabilizadoras luchas de poder en décadas".

Xia se refiere a la caída en desgracia del exdirigente provincial Bo Xilai, que ha dado pie a numerosas teorías sobre escisiones entre el ala reformista y el conservador del PCCh.

Pese a que el defenestrado Bo era uno de los "conservadores" -y se consideró que su purga favorecería a los más reformistas-, el informe sostiene que varios activistas chinos tienen pocas esperanzas en que el nuevo Ejecutivo varíe mucho del actual.

En su opinión, en la década de Hu Jintao y Wen Jiabao, presidente y primer ministro, respectivamente, la "represión política se ha intensificado, con un foco especial contra miembros de la sociedad civil".

No obstante, el CHRD incide en que la sociedad china es cada vez más poderosa gracias al papel de las redes sociales y de Internet, y remarca que las protestas públicas -más de 100.000 al año, según sus cálculos- "continuarán aumentando en tamaño e intensidad".

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