Pocos conflictos armados en la historia se han prolongado tanto como el colombiano: 56 años de lucha armada en los que 6.043.473 de personas, según la Unidad de Víctimas, han sido despajados de sus tierras, de sus casas. De como la guerra interminable entre el Ejército, las guerrillas (FARC y del ELN) y los paramilitares les arrebataba a sus seres queridos.
Durante todos estos años, han habido acercamientos entre todas las partes para poner fin al conflicto. Belisario Betancur, Virgilio Barco, Simón Gaviria, Andrés Pastrana. Todos ellos, presidentes de Colombia, lo intentaron, pero ninguno lograba que las conversaciones llegaran a buen puerto.
Las actuales negociaciones que están teniendo lugar en La Habana vino por la voluntad tanto del Estado como de los guerrilleros de poner fin al conflicto, no por la vía de la aniquilación del enemigo, sino por una salida negociada sin vencedores ni vencidos. Para que estas conversaciones se iniciaran fue clave la movilización popular.
Entre los años 1996 y 2002, se produjeron secuestros masivos en las grandes ciudades de manera indiscriminada y en las carreteras mediante las “pescas milagrosas”.
Normalmente, los victimas de estos secuestros era policías, militares, políticos. Personalidades con una gran exposición mediática que hizo posible que la sociedad conociera de cerca la tragedia del secuestro.
El caso más notorio fue Ingrid Betancourt. El excandidata presidencial fue secuestrada en una carretera en una pesca milagrosa. Su influencia permitió que la sociedad colombiana fuera testigo de la emisión de imágenes y de las lecturas de las cartas que enviaba desde su cautiverio en las zonas selváticas. El hecho de que ostentara un cargo público y con opciones a presidir la República contribuyó a que su presencia mediática fuera aún mayor.
Otro de las caras más visibles de los secuestros la encarnó el profesor Moncayo. En Nariño, un 21 de diciembre de 1997, la guerrilla tomó la base de comunicaciones del ejército. Su hijo, Pablo Emilio, cayó secuestrado con otros 17 militares. El objetivo de los secuestros era lograr su canje con guerrilleros en prisión.
Con su secuestro, su padre inició una peregrinaje por Colombia y el mundo que le llevó a recorrer más de 5,000 kilómetros. Pasó de ser un desconocido técnico de equipos de sonido y profesor de bachillerato, a convertirse en un símbolo de la paz. Sus marchas con cadenas, a las que se sumaron cientos de colombianos, construyeron la libertad de su hijo, que fue liberado el 30 de marzo de 2010.
Tal y como señala el Centro de Memoria Histórica, la exposición mediática logró un rechazo acérrimo y profundo de los colombinos a los secuestros y a la postura de las FARC, que se negaba a liberar a los presos que mantenía en cautiverio. Una postura que derivaría a favor de una solución militar del conflicto armado, que hoy es cada vez más real La Habana.
La población civil, la victima principal del conflicto
Sin duda, quién más ha sufrido el conflicto armado ha sido la población civil. De las 218.094 personas que han muerto entre los años 1958 y 2012, 177.307 eran civiles, lo que equivale al 81% de todas las muertes. Entre 1985 y 2012, el Centro de Memoria Histórica documentó 5.712.506 de desplazamientos forzosos.
La población civil es usada de los actores armados como una fuente de respaldo político, económico, moral y logístico, que determina la balanza del vencedor y perdedor. Tanto las guerrillas como el Ejército usaron a la población como una forma de debilitar al adversario y de acumular fuerzas.
La violencia contra la población civil en las zonas de combate era justificada. Según el Centro de Memoria Histórica, la población era una prolongación del enemigo: eran sus bases sociales, auxiliadores, colaboradores, traidores o representantes.
Modalidades de violencia en el conflicto
Los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas, los secuestros y las masacres son los hechos que han prevalecido en la violencia del conflicto armado. Pero no son las únicas. Otras modalidades de violencia son la tortura, el desplazamiento forzado, la violencia sexual, las minas antipersonas y el reclutamiento ilícito.
Los asesinatos selectivos
Es la modalidad que más muertos ha provocado en el desarrollo del conflicto en sus más de 50 años de historia. El número de víctimas pudo haber alcanzado 150.000 personas, según el Centro de Memoria Histórica. Esto significa que nueve de cada diez homicidios de civiles en el conflicto armado fueron asesinatos selectivos.
La estrategia consistía en crear un régimen de terror diseñado para silenciar a las víctimas y garantizar así la impunidad del crimen.
Con estas prácticas, los actores del conflicto buscaban la desestabilización política y social, tal como ocurrió en los magnicidios de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre 1987; Luis Carlos Galán, el 18 de agosto de 1989; Carlos Pizarro, el 26 de abril de 1990; y Bernardo Jaramillo Ossa, el 22 de marzo de 1990, o como sucedió con el asesinato del humorista Jaime Garzón, el 13 agosto de 1999, entre otros.
En total, han sido asesinados 1.227 líderes comunitarios, 1.495 militantes políticos y 74 defensores de Derechos Humanos. El informe sobre violencia contra sindicalistas durante el periodo 1984-2011 realizado por el PNUD señala que 2.883 fueron asesinados.
Los partidos o movimientos políticos también fueron objeto de la violencia. La Unión Patriótica registró 503 víctimas de asesinato selectivo, seguida del Partido Liberal con 329; el Partido Comunista con 158; el Partido Conservador, con 151; y Esperanza, Paz y Libertad con 110.
También se cuentan 1.287 asesinatos de funcionarios públicos y/o autoridades políticas.
Las masacres
Este tipo de violencia conlleva un mensaje aleccionador para la población con el fin de generar terror, desterrar y destruir a las comunidades.
Entre 1980 y 2012 se cometieron 1.982 masacres. Un 58,9% fueron cometidas grupos paramilitares; un 17,3% por guerrillas; 7,9% por la Fuerza Pública; un 14,8% por grupos armados no identificados; un 0,6% por paramilitares y Fuerza Pública en acciones conjuntas; y un 0,4% por otros grupos, como el M19. Es decir, de cada diez masacres, seis fueron perpetradas por los grupos paramilitares, dos por las guerrillas y una por miembros de la Fuerza Pública. Este tipo de violencia arrojan la de 11.751 muertes.
Sevicia y tortura
Para el periodo comprendido entre 1981 y el 2012, se documentaron 588 casos de violencia en los cuales hubo marcas de sevicia o crueldad excesiva en cuerpos de 1.530 personas. De la totalidad de los casos, 433 fueron asesinatos selectivos y 154 masacres. En ocasiones los cuerpos se exhibieron públicamente como parte de su estrategia de terror.
Las desapariciones forzadas
La desaparición forzada empezó a ser usada en la década de los 70. Omaira Montoya, militante de izquierdas, fue la primera retenida junto a Mauricio Trujillo Uribe por el servicio secreto de la Policía. Ambos fueron esposados y llevados fuera de la ciudad, donde los sometieron a un interrogatorio bajo tortura. Desde entonces, no se sabe nada de ellos.
También los niños, los defensores y defensoras de derechos humanos, los miembros de comunidades indígenas y afrocolombianas, los líderes ambientales que se oponen a la expansión en los territorios de las actividades extractivas, los líderes de comunidades que reclaman la devolución de sus tierras han sido víctimas de las desapariciones forzadas.
Según la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), la desaparición forzada constituye “una violación de los derechos humanos cuando los hechos son cometidos por el Estado a través de sus agentes o a través de personas o grupos de personas que actúen con la autorización o apoyo del Estado”. Apunta que son crímenes de lesa humanidad cuando “los hechos se cometan de manera generalizada (multiplicidad de víctimas) o sistemática (como parte de una práctica frecuente)”.
Durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe se practicaron un tipo de desapariciones forzadas en el marco de la política de seguridad democrática. Se catalogaron como “falsos positivos”, que consistía en asesinatos de civiles que se hacían pasar por bajas en el enfrentamiento entre el Ejército y las FARC.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU documentó que entre el 2004 y el 2008 hubo 3.000 víctimas de esta violencia. Según un informe de dos profesores de la Universidad de la Sabana y de la Universidad del Externado entre el 2002 y el 2010, años de gobierno de Álvaro Uribe, estas desapariciones aumentaron un 150% respecto a años anteriores.
Los secuestros y la toma de rehenes
Entre 1970 y 2010, 27,023 personas fueron secuestradas. El 9,4%, 9.568, fueron cometidos por grupos paramilitares, y el 90,6, 17,455, por las guerrillas de las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Cifras & Conceptos documentó que 5.354 personas fueron secuestrados mediante la “pesca milagrosa”.
El desplazamiento forzado
La masacre de El Salado es una de las más significativas del conflicto armado. Durante un ataque de la guerrilla, murieron 60 personas. Se produjeron violaciones, torturas, asesinatos de menores, masacres. Las víctimas, que se elegían por sorteo, eran exhibidas en público. La violencia provocó un desplazamiento forzado masivo a las ciudades.
Los 4.500 habitantes abandonaron el pueblo durante dos años dos años. Cuando algunos de ellos regresaron en noviembre del 2001, la maleza había invadido sus casas hasta ocultarlas.
El municipio de San Carlos, en Antioquia, pasó de tener 25.000 habitantes a solo 5.000. Este éxodo fue desencadenado por la combinación de todas las violencias.
Según el Registro Único de Víctimas, en solo seis años, entre 1996 y 2002, la cifra llegó a 2.014.893 desplazados. Entre el 2000 y el 2003, el número anual de personas en situación de desplazamiento forzado superó las 300.000 personas. Entre el 2003 y el 2012, un total de desplazados llegó a 2.729.153. Entre 1985 y 2012, el Centro de Memoria Histórica ha contabilizado 5.712.506 desplazamientos
Violencia sexual
Entre 1985 y 2012, un total de 1,754 mujeres fueron objetos de violación. Del mismo modo que en las sociedades machistas, las mujeres eran las culpables, lo que exime al agresor de su responsabilidad. Según el Centro de Memoria Histórica la “violencia sexual se convierte para la víctima en una marca de segregación y para la comunidad en un motivo de vergüenza, razones por las cuales la ocurrencia de este tipo de violencia ha sido negada u ocultada”.
Reclutamiento ilícito
Human Rigths Watch, en un informe de 2012 sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza, hizo una estimación de entre 8.000 y 14.000 niños, niñas y adolescentes vinculados a los grupos armados ilegales en Colombia.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar documentó que 5.156 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados durante el periodo comprendido entre el 10 de noviembre de 1999 y el 31 de marzo del 2013.
A partir de los testimonios de los menores que han sido liberados por la Fuerza Pública o que se han desmovilizado voluntariamente, se identificó que los principales reclutadores eran las FARC, con 3.060 casos (60%), las Autodefensas Unidas de Colombia (organización de extrema derecha) con 1.054 casos (20%), y por último, el ELN, con 766 casos (15%).
El Centro de Memoria Histórica explica en sus informes las razones del reclutamiento de menores.
En primer lugar, la proximidad del conflicto armado al territorio donde niños y niñas viven. Esta situación los convierte en mano de obra barata para las actividades económicas de los grupos armados, como la minería ilegal y el narcotráfico.
En segundo lugar, las situaciones familiares de abuso y violencia, abandono y orfandad; y la carencia de oportunidades de educación y empleo en contextos de pobreza, donde la vinculación a estos grupos puede significar una “oportunidad”; y por último la identificación con modelos guerreros.
Acciones bélicas
Entre 1988 y el 2012 murieron 1.344 civiles en al menos 716 acciones bélicas protagonizadas por los diferentes actores armados.
Las acciones bélicas más letales para la población civil en dicho periodo fueron, en su orden: los combates, que produjeron 512 víctimas; los ataques a poblaciones o tomas, en las que se registraron 391 víctimas; los ataques a objetivos militares, con 243 víctimas; las emboscadas, con 121 víctimas; los bombardeos, que ocasionaron 64 víctimas; y los hostigamientos, con 13 víctimas.
Minas antipersonas
“Yo vivo muriéndome”. “Ahora vivo de limosnas y [de] los hijos que le dan comida [a uno]. Vivo con los tres menores… Tengo tres años de [estar así] y no me muero”.
Este es el relato de un agricultor de cincuenta años de edad y sólo uno de las 10,189 víctimas de las minas antipersona. Perdió una pierna y casi toda la visión cuando pisó una. En total, 8.070 personas han perdido algún miembro y 2.119 perdieron la vida entre los 1988 y 2010.
Atentados terroristas
Son todos aquellos ataques indiscriminados perpetrados con explosivos contra objetivos civiles en lugares públicos. El Centro de Memoria Histórica explica que de esta manera, se asegura una visibilidad pública de la violencia que contribuya a generar pánico entre la ciudadanía y a propagar una percepción de desestabilización.
Entre 1988 y el 2012, se produjeron 95 atentados, que se provocaron 223 muertes y 1.343 heridos. De los 95 casos, 77 fueron perpetrados por las guerrillas (principalmente las FARC, 55, y el ELN, 12), 16 por grupos armados no identificados y 2 por paramilitares.
Los atentados terroristas se convirtieron entonces en un arma utilizada por las guerrillas. Las acciones terroristas ejecutadas entre 1996 y 1998 sirvieron para consolidar sus éxitos militares contra el Estado.