Viernes 15/02/2019.

Mundo

Estados Unidos entra en una nueva emergencia nacional por el muro con México bajo fundamentos cuestionables

La Casa Blanca se prepara para una batalla legal en la que defenderá los poderes del presidente frente a su exageración de la crisis migratoria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprobado este viernes por la tarde una partida presupuestaria que comprende solo 1.220 millones de euros para el muro con México, una derrota negociadora dados los 25.000 millones que llegó a pedir a finales del año pasado, y que ha compensado con su enésima exhibición de fuerza: la declaración de una emergencia nacional que le concederá poderes y fondos adicionales para cumplir su promesa de ampliar la barrera de separación con su país vecino.

Trump lo ha hecho a sabiendas de que será el principio de una batalla legal que enfrentará a dos bandos. La Casa Blanca defenderá que Trump actúa dentro de las amplísimas y poco definidas competencias que le atribuye la Constitución y que este modo de actuación no es ni mucho menos una anomalía en un país donde actualmente hay 30 proclamaciones de emergencia en curso.

Sus críticos, por contra, acusarán al presidente de exagerar enormemente la realidad de la crisis migratoria, negando incluso parte de la información proporcionada por sus propias agencias, como la Antidroga (la DEA), que apuntan que la mayor parte de la droga que entra en el país a través de la frontera lo hace a través de los puntos de entrada actualmente constituidos.

Trump y el círculo de asesores que han impulsado esta idea -- especialmente el sector republicano más radical del Congreso, el llamado Caucus de la Libertad que dirige el representante republicano por Carolina del Norte, Mark Meadows -- esperan contrarrestar el bajón de popularidad que se le avecina con este imponente ejercicio de poder presidencial.

Bajo la declaración de emergencia, por ejemplo, Trump podrá destinar hasta 7.100 millones de euros a la finalización del muro, casi un 20 por ciento más de los 5.100 millones que llegó a sugerir en un acuerdo de mínimos rechazado por los demócratas, y que desembocó en la parálisis del Gobierno federal, usando fondos no empleados de ayuda para catástrofes o del Departamento de Defensa, con asesoramiento militar incorporado.

En total, Trump planea usar los fondos para construir cerca de 377 kilómetros de barreras de acero con 2.200 millones del plan de lucha contra la droga del Pentágono, otros 532 procedentes del fondo de incautación de narcóticos del Departamento del Tesoro, otros 3.100 millones del presupuesto de infraestructuras militares del Departamento de Defensa, y de los 1.220 millones de euros del Congreso.

NADIE CONTENTO

El verdadero problema que representa para Trump esta decisión es que afecta a los estadounidenses, y concretamente a sus votantes, a un nivel muy personal porque la finalización del muro implica la expropiación de tierras y la anulación de contratos en vigor, en especial los firmados entre el Ejército y compañías privadas.

Es decir: la Casa Blanca podría acabar inundada de demandas de particulares que un sistema judicial cansado de lidiar mes tras mes con los arrebatos del presidente podría usar como justificante de una sentencia para paralizar temporalmente la construcción del muro.

Si eso sucede, Trump se quedará sin argumentos para defender una declaración a la que se oponen un 65 por ciento de estadounidenses, un porcentaje mayor de los que se oponen de por sí a la finalización del muro. Solo tres de cada diez americanos están a favor de la decisión de Trump, según una media de cinco sondeos recopilados por Polling Report; un porcentaje inusualmente bajo para un mandatario cuyo respaldo a sus decisiones puntuales suele moverse entre el 40 y 45 por ciento.

La declaración de emergencia tampoco ha satisfecho a Meadows. "No hay manera de que puedas explicar esta decisión como una victoria republicana. Esto ha sido una capitulación total. Por hablar vulgarmente: se han ido tres semanas a la porra", explicó en declaraciones recogidas a principios de esta semana por el 'Washington Post'.

Y, peor aún, Trump se arriesga a perder votantes independientes. Por destacar su importancia, Trump ganó a su rival, la candidata demócrata Hillary Clinton, por cuatro puntos de ventaja en este segmento de votantes (46 a 42 por ciento). De haber ocurrido el caso contrario, Clinton habría ganado los estados de Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Florida y Arizona. Sería presidenta.

LA REALIDAD DE LA CRISIS

Trump cuenta a su favor con un informe del director de Seguridad Nacional y asesor presidencial, Daniel Coats, presentado este mes de enero, donde la opinión consensuada de las agencias de seguridad estadounidenses es que la inmigración procedente de Centroamérica supone una amenaza para la seguridad nacional. El informe, tal y como fue presentado, no especifica por qué, argumentando que se trata de información clasificada.

Además, y como recuerda para 'Politico' el profesor de Derecho de la Universidad de Texas, Bobby Chesney, la inmigración apenas se discutió como problema de seguridad en el más reciente encuentro entre Trump y los jefes de los servicios de Inteligencia.

Frente a ello, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos indica que las detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera alcanzaron en 2017 un mínimo -- 303.916 personas -- nunca visto desde 1971. Las cifras destacan un repunte en 2018, hasta las 396.579, pero siempre muy por debajo de los números de hace 20 años.

El Instituto de Estudios de Política Internacional (ISPI) entiende que esta reducción es consecuencia del endurecimiento de las políticas migratorias, antes de señalar que Trump ni siquiera está a favor de la entrada de inmigrantes legales y capacitados, después de que el porcentaje de visados rechazados en 2018 llegó al 11,3 por ciento, frente al 7,9 por ciento en 2015, según los Servicios de Inmigración y Ciudadanía.

Precisamente por ello el ISPI concluye que "no existe una crisis en la frontera precisamente por las restricciones impuestas a la imigración", según los resultados de su estudio.

SEGURIDAD JURÍDICA

La situación de emergencia nacional está recogida en la Ley de Emergencias Nacionales de 1976. Con ese nombre, cabría pensar que define con precisión los límites y alcance de su aplicación, pero sucede todo lo contrario. Dependiendo de a quién se pregunte, su naturaleza fundamental es entendida como una ley que permite al presidente saltarse la normativa del Congreso con poderes extraordinarios o, por el contrario, una medida de contención frente a cualquier extralimitación presidencial.

De hecho, en los últimos 40 años ha sido aplicada hasta en medio centenar de ocasiones por motivos variopintos; tantos que "realmente no existe un estándar", según Chesney.

Queda también por dilucidar la respuesta de los tribunales ante las demandas contra Trump. Si bien los jueces a veces han actuado para frenar gastos no autorizados por el Congreso, históricamente era casi impensable que los jueces cuestionaran una declaración de emergencia.

Sin embargo, expertos legales indican a 'Politico' que el historial de Trump aumenta las posibilidades de encontrar a un juez capaz de "tumbar" la aplicación del dictamen presidencial. "Normalmente, en cualquier otro momento, diría que es obvio que el presidente siempre gana", según Chesney, "pero ahora mismo no hay garantías de que Trump reciba esta deferencia".

La decisión de Trump tiene un fuerte apoyo entre los "originalistas", defensores de la aplicación de la Constitución al pie de la letra.

"La verdad es que el Congreso probablemente nunca debería haber delegado este tipo de poder al presidente, pero presentar la noción de que este presidente no debería poder usar poderes que han usado todos los demás presidentes no me parece un buen uso del estado de derecho", según el profesor de Derecho de la universidad californiana de Chapman, John Eastman.

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