Entre las novedades que introduce la reforma figura armonizar la definición de algunos delitos comunes en Internet, como ‘hackear’ el ordenador de un usuario y también fijar un mínimo «de al menos dos o tres años» de pena para los delitos más graves.
De este modo se establece un marco legal «claro, robusto y tecnológicamente legal» para proteger las transacciones ‘on line’ y evitar las lagunas legales entre estados miembro que aprovechan los grupos criminales.
Con las normas revisadas se quiere suprimir los obstáculos existentes a nivel operacional que dificultan las investigaciones y procesamientos judiciales, además de fomentar la concienciación ciudadana sobre técnicas fraudulentas como el ‘phishing’ o ‘skimming’.
La directiva engloba tanto los fraudes a través de métodos de pago tradicionales –tarjetas de crédito o cheques– como las nuevas modalidades de pago en línea que han surgido en los últimos años, principalmente las transacciones a través del teléfono móvil y las realizadas con criptomonedas como el popular bitcoin.
La reforma necesita aún el visto bueno formal del Consejo y de la Eurocámara para ser efectiva, unos trámites que las instituciones de la UE esperan cumplir antes de que concluya la actual legislatura el próximo mayo.