«Seguimos manteniendo nuestra lucha decidida contra FETO –nombre por el que Ankara designa a la organización de Gulen, que considera terrorista– en el interior del país y en el extranjero», ha sostenido, según ha informado la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.
«Traeremos a los miembros de FETO ante la justicia turca para que rindan cuentas», ha indicado, antes de cifrar en 452 el número de peticiones de extradición presentadas y agregar que 104 de estas personas ya han sido entregadas a las autoridades.
El Gobierno turco culpa a Gulen, quien reside en Estados Unidos, de estar detrás del fallido golpe de Estado de julio de 2017. Gulen, que vive en el país norteamericano en un exilio autoimpuesto desde 1999, ha negado estar vinculado con la intentona.
El presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, y Gulen eran aliados políticos hasta que la Policía y la Fiscalía, supuestos simpatizantes del clérigo, según el Gobierno turco, abrieron una investigación sobre corrupción en 2013 contra varios altos cargos del Ejecutivo.
Entonces, el mandatario turco acusó al clérigo de conspirar y erigir un Estado paralelo para derrocar al Gobierno con ayuda de la Policía y medios simpatizantes.
Desde el golpe, Turquía ha detenido a unas 160.000 personas y ha cesado casi al mismo número de funcionarios civiles, según estimaciones de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De esa cifra total, más de 50.000 personas han sido imputadas y han continuado en prisión durante sus procesos.
El alcance de la persecución de las personas vinculadas con la asonada ha alarmado a las organizaciones de Derechos Humanos y a aliados occidentales de Turquía, que han acusado a Erdogan de haber puesto en marcha una purga para acabar con todos los críticos con su gestión.