«Revisaremos los materiales que el Gobierno turco pueda entregar en este caso, y tomaremos cualquier decisión sobre la extradición a partir de los hechos y las leyes estadounidenses», ha dicho Nicole Navas Oxman, portavoz del Departamento de Justicia, en declaraciones a la agencia rusa de noticias Tass. «No tenemos más comentarios al respecto», ha zanjado.
Karlov fue asesinado a tiros en diciembre de 2016 por un hombre armado que apeló a la situación en la ciudad siria de Alepo –escenario en ese momento de una ofensiva del Ejército respaldada por Moscú– para justificar el ataque.
El atacante, que murió tras recibir varios disparos de las fuerzas especiales turcas, fue identificado como Mevlut Mert Altintas, un antiguo miembro de la Policía antidisturbios de 22 años de edad y originario de la provincia occidental de Aydin.
Turquía señaló inmediatamente a Gulen –al que también acusa del intento de golpe de Estado de julio de 2016– como »cerebro», pero el Kremlin recalcó que era demasiado pronto para decir quién está detrás del asesinato.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y Gulen eran aliados políticos hasta que la Policía y la Fiscalía, supuestos simpatizantes del clérigo islamista, según el Gobierno turco, abrieron una investigación sobre corrupción en 2013 contra varios altos cargos del Ejecutivo.
Entonces, el mandatario turco acusó al clérigo de conspirar y erigir un Estado paralelo para derrocar al Gobierno con ayuda de la Policía y medios simpatizantes.
Bajo una fuerte represión desde la asonada, más de 50.000 personas han sido encarceladas en espera de juicio por supuestos vínculos con Gulen, mientras que 150.000 personas han sido despedidas o suspendidas de empleo en los sectores militar, público y privado.