El gobernador del estado de Tennessee, Bill Haslam, ha firmado este jueves una nueva ley por la que se permite la electrocución como segunda opción para las ejecuciones de los presos en el corredor de la muerte siempre que el Gobierno estatal no sea capaz de obtener los fármacos para elaborar la inyección letal.
Tras la firma del gobernador, Tennessee se convierte en el primer estado en convertir la electrocución en método obligatorio como segunda opción, como recoge la CNN. La silla eléctrica no es el método más extendido en Estados Unidos, pero ocho estados, entre ellos el de Tennessee, lo permitían como alternativa a petición expresa del condenado.
La última ejecución en la silla que vivió este estado, en el sur de Estados Unidos, fue hace sólo siete años, cuando Daryl Holton prefirió este método. Fue la primera ejecución por electrocución en el estado en 47 años.
El presidente del Centro de Información de Pena de Muerte, Richard Dieter, se ha sorprendido con esta “inusual” decisión. “Ningún estado hace lo que Tennesse. Esto es forzar al preso a recurrir a la electrocución”, asegura Dieter, que cree que “el condenado debería poder desafiarlo inmediatamente y recurrir a la Octava Enmienda”.
Según la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe al Gobierno federal imponer “fianzas excesivas o castigos inusuales y crueles”. Exactamente así es como Dieter define la imposición de la silla eléctrica como segundo método obligatorio de ejecución. “La silla eléctrica es, claramente, una alternativa brutal”.
Es muy fácil no obtener fármacos para la inyección
La polémica sobre la inyección letal ha estado presente durante los últimos años. Hasta 2010, la mayor parte de los estados han utilizado para elaborar la inyección letal una mezcla de tres fármacos: un anestésico, un agente paralizante y cloruro de potasio, que es el componente que finalmente provoca que se detenga el corazón y cause la muerte.
La falta de componentes para realizar las inyecciones es el principal problema al que se enfrentan en las prisiones estadounidenses a la hora de preparar las ejecuciones. La principal empresa estadounidense que fabricaba el anestésico, tiopentato de sodio, detuvo su producción hace ahora tres años y poco después, la Comisión Europea prohibió la exportación de componentes que pudieran ser utilizados para aplicar la pena capital, entre ellas el mayor fabricante del pentobarbital, un barbitúrico utilizado habitualmente para realizar eutanasias
Sin embargo, muchos estados han adoptado nuevos métodos, como por ejemplo, optar por un único medicamento. Entre estos se encuentran diferentes dosis letales de sedantes como el pentobarbital; o dosis mortales de anestésicos, como el propofol; aunque también se ha recurrido a combinar dos fármacos diferentes, principalmente con el midazolam, una benzodiacepina utilizada como ansiolítico.
Durante los últimos años los diferentes estados han estado utilizando combinaciones diferentes para obtener sus inyecciones letales, aunque muchos todavía no las han utilizado. Es complicado acceder a las farmacéuticas a las que compran los componentes e incluso conocer las cantidades de compuestos que llevan las inyecciones letales, ya que son diferentes en cada estado.
Tennessee quiere volver al sufrimiento de una cruel parada cardíaca
Tras ser atado a la silla, al preso se le colocan electrodos de cobre húmedos en la cabeza y en las piernas.
La electrocución produce un visible efecto destructivo, dado que los órganos internos del cuerpo se queman. Habitualmente, el prisionero salta hacia delante intentando liberarse de sus ataduras cuando recibe las primeras descargas. El cuerpo cambia de color, la carne se hincha e incluso a veces llega a arder. El preso puede llegar a defecar, orinar y vomitar sangre.
La muerte se produce por parada cardiaca y respiratoria. Los testigos de estos casos suelen comentar que se desprende del ejecutado un olor a carne quemada. Uno de los casos en los que este método ha despertado una mayor polémica fue el de Pedro Medina, ejecutado en Florida el 25 de marzo de 1997 con una silla eléctrica que estaba averiada, por lo que su cabeza ardió en llamas. Los tribunales de este Estado alegaron que las ejecuciones debían continuar pese a los repetidos fallos en su funcionamiento.