«Ayer, 19 de marzo, el TPI fue oficialmente notificado por parte de Naciones Unidas de que Filipinas había depositado el 17 de marzo una notificación escrita de retirada del Estatuto de Roma», ha anunciado el alto tribunal a través de un comunicado.
Aunque la retirada es «una decisión soberana» contemplada en el propio Estatuto de Roma, la sede jurisdiccional ha animado a Filipinas a «seguir formando parte de la familia del TPI». La participación de los estados, ha argumentado, «es esencial en los esfuerzos globales para garantizar la rendición de cuentas». Por eso, «no solo debe mantenerse, sino reforzarse y ampliarse», ha considerado.
Además, el TPI ha recordado a Filipinas que su salida no será efectiva hasta dentro de un año, es decir, el 17 de marzo de 2019, y que, en cualquier caso, el tribunal seguirá teniendo jurisdicción sobre los hechos ocurridos hasta la fecha de notificación en la nación asiática.
Así, seguirá en marcha el examen preliminar que la fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, inició el año pasado por los supuestos crímenes de lesa humanidad ocurridos desde al menos el 1 de julio de 2016 en el marco de la llamada «guerra contra las drogas» puesta en marcha por Duterte.
De acuerdo con los testimonios recogidos, de los que se han hecho eco organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, miles de personas han muerto a manos de agentes de Policía en lo que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
El TPI ha aprovechado asimismo para reivindicar su papel para «abordar los crímenes más graves bajo el Derecho Internacional, como el uso de niños soldado, la violencia sexual en conflictos armados, asesinatos, torturas y la destrucción del patrimonio cultural», con el objetivo de «acabar con la impunidad».
Duterte considera que el TPI ha actuado de forma parcial contra Filipinas y ha anunciado que encabezará una campaña para empujar a otros países a seguir sus pasos. «Convenceré a todos los que estén bajo el tratado de que salgan. Salgan», dijo en un discurso en la Academia Militar de Filipinas.
De momento, el único país que ha hecho efectiva su retirada del Estatuto de Roma es Burundi, esgrimiendo idénticas razones y también después de que Bensouda abriera un examen preliminar por la ola de violencia desatada a raíz del conato de golpe de Estado. Gambia inició la salida pero con el cambio de Gobierno la frenó.