La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador denegó la extradición a España de los 4 militares arrestados y ligados a la masacre de 5 jesuitas españoles en 1989, afirmó hoy a Efe el abogado defensor Lisandro Quintanilla.
Tres de esos militares, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez, podrían ser liberados en las próximas horas, dijo el abogado.
«Nos informó la Fiscalía General de la Corte de que esa era la decisión adoptada», la de negar la entrega de los 4 acusados a la justicia española, y «que solo estaban discutiendo la libertad» de los mismos, aseguró Quintanilla.
El abogado explicó que la decisión se tomó el 16 de agosto pasado, pero que aún no han sido notificados oficialmente por la Corte en pleno.
El 17 de agosto pasado el magistrado de la CSJ, Leonardo Ramírez Murcia, confirmó a Efe que el pleno negó la extradición del coronel Guillermo Benadives, y que la decisión sobre los otros tres, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez, estaba «en la misma ruta».
Quintanilla también señaló este miércoles que estos tres militares podrían ser liberados en las próximas horas de los calabozos de la División de Tránsito Terrestre en San Salvador.
«Todavía no es nada oficial, pero entendemos que la Corte al fin tomó la decisión ahora», acotó, y aseguró que el hecho se retrasó porque los magistrados «se enredaron en unos detalles en torno a la libertad de Benavides».
Este último tendría que ser puesto a las órdenes de un tribunal que decidiría en cual cárcel debe continuar pagando una condena por la matanza, de 30 años de prisión, que recibió en un juicio celebrado entre 1991 y 1992 y de la que solo cumplió una parte, según explicó el juez Ramírez Murcia.
El magistrado aseguró entonces que uno de los elementos que propició la negativa de extradición, por lo menos en el caso de Benavides, fue la reciente nulidad de la Ley de Amnistía de 1993 por la Sala de lo Constitucional y que dio paso a que la justicia salvadoreña pueda reabrir los procesos por crímenes de guerra.
La noche del 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlacatl del Ejército irrumpió en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y mató a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López.
En el hecho, ocurrido en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), también fueron asesinadas la colaboradora de los religiosos Elba Julia Ramos y su hija Celina.
La guerra que enfrentó al Ejército salvadoreño, financiado por el gobierno estadounidense, y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder como partido político, se saldó con 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.