Los comicios del 20 de mayo, carecen de legitimidad de origen, porque fueron convocados por la Asamblea Constituyente, incumplieron «todas las garantías electorales» y estuvieron plagados de «constantes abusos», ha dicho la sede legislativa en una declaración oficial.
Por ello, ha considerado «inexistente jurídicamente» la votación, ha rechazado los resultados y ha definido a Maduro como «un usurpador del cargo de la Presidencia de la República».
El Parlamento ha advertido de que el reciente proceso electoral «solo contribuirá a afectar todavía más los problemas de gobernabilidad existentes, agravándose así la crisis venezolana con efectos importantes en toda la región».
En respuesta, ha instado al pueblo, funcionarios, actores políticos, funcionarios y sociedad civil a «unir esfuerzos a los fines de diseñar una estrategia unitaria para promover un cambio político en Venezuela».
En concreto, ha exhortado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a «cumplir y hacer cumplir la Constitución» para «devolver la soberanía al pueblo venezolano».
A la comunidad internacional, le ha pedido que «siga practicando sus buenos oficios en la oportunidad de aumentar las condiciones que deriven en la solución de la crisis humanitaria y el restablecimiento de la democracia en el país».
La Asamblea Nacional, por su parte, se ha comprometido a buscar «los cambios políticos y constitucionales que permitan rescatar las condiciones de integridad electoral y lograr así elecciones presidenciales libres y transparentes en 2018».
La Asamblea Nacional es el órgano legislativo de Venezuela. Desde las elecciones parlamentarias de 2015 cuenta con mayoría opositora, pero el Tribunal Supremo de Justicia primero y la Asamblea Constituyente después han anulado todas sus decisiones, dejándole ‘de facto’ sin poder.