El Ejecutivo panameño ha rechazado en un comunicado «de manera contundente» la lista elaborada por la Comisión Europea, que aún debe ser aprobada por los Estados miembros y el Parlamento Europeo antes de ser publicado en el Diario Oficial de la UE. Panamá espera «aclarar las preocupaciones» del Ejecutivo comunitario, en el marco de un «diálogo franco y continuo».
Hasta que se establezca este canal de comunicación, el Gobierno panameño ha llamado a consultas a su representante, Miguel Verzbolovskis, y se reserva un plazo de 30 días para anunciar «pasos adicionales», según la nota del Ministerio de Exteriores.
Según el Gobierno panameño, que ha defendido la lucha contra «el lavado de dinero y el financiamiento de actos ilícitos», el proceso de elaboración de la lista ha sido «opaco» y en él no ha mediado «ninguna interacción» de Panamá, pese a los «ingentes esfuerzos» encaminados a solventar cualquier duda.
«La inclusión (en la lista) resulta poco coherente con la cercana relación bilateral y comercial que mantiene Panamá con este bloque regional y con el gran avance de la nación en cuanto al fortalecimiento y modernización de su plataforma financiera y de servicios internacionales», ha lamentado el Gobierno.