Los presupuestos generales estadounidenses para 2016 incluirán un impuesto del 14 por ciento sobre los capitales que tienen las empresas estadounidenses en el extranjero, unos 2 billones de dólares por los que aún no han tributado, según ha revelado la Casa Blanca.
La iniciativa no supone una amnistía fiscal, ya que los fondos de estas empresas seguirán en el extranjero, y se cobrará una sola vez, no anualmente. Además, prevé un impuesto fijo anual del 19 por ciento sobre los beneficios de empresas estadounidenses en el extranjero. Con la iniciativa, la Casa Blanca busca conseguir financiación para obras públicas.
«Este impuesto de transición implica que las empresas tienen que pagar impuestos en Estados Unidos sobre los 2 billones de dólares que tienen en el extranjero en lugar de aplazar indefinidamente cualquier tributación», ha señalado un portavoz de la Casa Blanca.
«A diferencia de una amnistía fiscal, a la que se opone el presidente porque supondría perder ingresos, este impuesto de transición propuesto será computado una sola vez sobre las ganancias en el extranjero que no hayan tributado, sean o no repatriadas», ha añadido.
El presidente de EEUU presenta este lunes su proyecto presupuestario para el año fiscal 2016, que contempla elevar el gasto público y una reforma tributaria para que los más ricos paguen más impuestos, dos propuestas rechazadas tajantemente por los republicanos.
Desde hace años, el proyecto presupuestario anual de Obama se queda en una mera declaración de intenciones y todo apunta a que esta vez ocurrirá lo mismo, dado que los republicanos controlan desde comienzos de mes las dos cámaras del Congreso y ya han expresado su oposición al plan del presidente.
En un artículo publicado esta semana por «The Huffington Post», Obama explicaba que su presupuesto «revertirá completamente» los recortes automáticos del gasto público, conocidos como «secuestro», que entraron en vigor en marzo de 2013 para reducir el déficit.
Esos recortes, valorados en 1,2 billones de dólares hasta 2023, afectaron a muchos programas sociales del Gobierno y, en particular, al presupuesto del Pentágono.
De acuerdo con la Casa Blanca, Obama solicitará en su plan un incremento de 74.000 millones de dólares para gasto discrecional, lo que representa un aumento del 7 % sobre los niveles fijados por esos recortes.
Obama quiere incrementar el gasto en defensa, algo que sí apoyan los republicanos dado que EEUU sigue presente en Afganistán y está inmerso en una campaña militar contra los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI) en Irak y Siria.
Pero los conservadores no respaldan la intención de Obama de gastar más dinero público en salud y educación, y de hecho amenazan con usar su mayoría en el Congreso para aprobar leyes que desmantelen la reforma sanitaria del presidente y sus medidas ejecutivas para regularizar a 5 millones de inmigrantes indocumentados.
Lo que también se ha topado desde hace años con el rechazo frontal de los republicanos es la idea de Obama de llevar a cabo una reforma tributaria que permita «cerrar lagunas fiscales» que benefician a los estadounidenses más ricos.
Obama «es el presidente más liberal e irresponsable en materia fiscal que hemos tenido en la historia», denunció el titular del Comité de Finanzas del Senado, el republicano por Utah Orrin Hatch, tras conocer los detalles del plan presupuestario.
De acuerdo con lo anunciado en los últimos días por el propio Obama y por la Casa Blanca, el proyecto del presidente persigue nuevas inversiones en centros de manufactura avanzada y en la reconstrucción de «infraestructura deteriorada», así como garantizar la licencia por enfermedad pagada para los padres trabajadores.
Otra de sus propuestas «pragmáticas», en palabras de Obama, es la de que sean gratuitos los dos primeros años de «community college» (centros públicos de educación superior), ya presentada por el mandatario a comienzos de mes.
En cuanto a la salud, el presupuesto contiene una petición para elevar a más de 1.200 millones de dólares el gasto federal destinado a combatir las infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos.
También un plan de inversiones públicas, valorado en 215 millones de dólares, para impulsar la medicina de precisión, que apuesta por tratamientos personalizados basados en el estudio genético y otros factores.
Por otro lado, el presidente solicitará una partida de 1.000 millones de dólares en ayuda para Centroamérica tras la crisis migratoria del año pasado, cuando miles de menores de esa región cruzaron solos la frontera sur de Estados Unidos.
Obama presentará el presupuesto en la sede del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un gesto simbólico, según su portavoz, Josh Earnest, para urgir a los republicanos a «no permitir» que esa agencia gubernamental se paralice a partir del 27 de febrero, cuando se quedará sin fondos para operar.
La Cámara de Representantes aprobó el 14 de enero un proyecto de ley para financiar al DHS más allá de esa fecha, pero que elimina los fondos para poner en marcha las acciones ejecutivas anunciadas por Obama en noviembre para regularizar temporalmente a 5 de los más de 11 millones de indocumentados que viven en el país.