La víctima, Hasán Tufic Dika, de 44 años, murió el 11 de mayo, a pesar de la intervención de varias entidades de la ONU ante las autoridades por las denuncias de torturas que sufrió tras su detención en noviembre de 2018.
«La trágica muerte de Hasán Dika resalta lo que parecen ser una serie de fallos muy graves del sistema legal y de prisiones de Líbano», ha manifestado Bachelet, quien ha agregado que «parece que fueron ignoradas las propias leyes del país».
Así, ha apuntado que «los procedimientos legales parecen haber sido ignorados desde el momento del arresto de Dika por parte de las Fuerzas de Seguridad Interna hasta su muerte el sábado».
«Por todas estas razones, debe haber una investigación independiente, rápida y creíble en torno a todos los aspectos de este caso para determinar qué fue mal y garantizar que estas situaciones no se repiten en Líbano», ha añadido.
En este sentido, Bachelet ha puntualizado que «si Dika fue torturado, como sugieren las pruebas médicas, los que ordenaron y cometieron este crimen deben rendir cuentas».
Dika fue detenido el 1 de noviembre de 2018 por cargos relacionados con la posesión de drogas y, según la ONU, fue encarcelado en una celda de aislamiento y sometido a palizas, con golpes en sus partes íntimas, además de descargas eléctricas.
El hombre fue ingresado en un hospital en abril tras sufrir una parálisis parcial de su pierna izquierda y dolores en la espalda. En ese momento era incapaz de andar o estar de pie. Finalmente falleció el 11 de mayo.