Viernes 27/07/2018.

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ONU pide a México información sobre los derechos de indígenas y de activistas

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México pidió hoy al Estado mexicano información sobre agresiones a defensores de los derechos humanos y sobre los derechos de los pueblos indígenas.
  • ONU pide a México información sobre los derechos de indígenas y de activistas EFE

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México pidió hoy al Estado mexicano información sobre agresiones a defensores de los derechos humanos y sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La petición es para que en los próximos 18 meses se entreguen informes sobre agresiones contra derechos humanos, el estado de los familiares de personas desaparecidas y derechos de los indígenas, dijo Jan Jarab, representante de ONU-DH.

Jarab participó junto con representantes de otras organizaciones de los derechos humanos en un coloquio para analizar el documento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de las Naciones Unidas presentado el 17 de abril y que establece una serie de recomendaciones para México.

Tras 12 años desde la última revisión sobre el estado de los derechos económicos, sociales y culturales en México, el organismo internacional expresó sus preocupaciones ante la falta de garantías de los derechos de algunos colectivos.

Jarab recordó que los pueblos indígenas tienen el derecho a "la consulta y al consentimiento libre e informado" sobre aquellas políticas que afecten a sus territorios.

También lamentó la impunidad de los crímenes contra defensores de los derechos humanos y pidió un acompañamiento por parte de las autoridades hacia los familiares de personas desaparecidas, cuyos derechos económicos, sociales y culturales deben ser protegidos.

Asimismo, recordó una serie de recomendaciones elaboradas por los expertos independientes que conforman el Comité DESC y dirigidas a las autoridades mexicanas para el cumplimiento de los 17 objetivos de la Agenda 2030.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030 establecidos por la ONU en el año 2015 contemplan, entre otros, poner fin a la pobreza y al hambre, así como alcanzar una salud y educación de calidad en el mundo.

En ese contexto, Jarab explicó que el Comité DESC recomendó a México "aumentar la tasa de participación de las mujeres" en el sistema laboral, "eliminar la brecha salarial por cuestión de género" y "reducir los trabajos informales", entre otras.

De acuerdo con el representante de la ONU-DH, el "reto más grande" que afronta México no es el de "conocer" estas recomendaciones sino el de "implementarlas".

Por ello, instó tanto al Congreso mexicano, como al Gobierno Federal y al Poder Judicial a "hacer un esfuerzo notable" para legislar, gobernar y juzgar desde una perspectiva centrada en los derechos económicos, sociales y culturales de las personas.

En el mismo coloquio participó Jorge Ulises Carmona, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, quien explicó que el organismo "coincide plenamente" con las preocupaciones y recomendaciones manifestadas por al ONU.

"Lamentablemente, hemos sido testigos de que falta mucho por hacer. La protección de los derechos humanos es una labor que nos implica a todos pero no perdamos de vista que son obligaciones que deben generar acciones por parte de las autoridades", reivindicó.

Durante la presentación el pasado 28 de marzo del informe anual de la CNDH, el defensor del pueblo mexicano, Luis Raúl González, acusó al presidente Enrique Peña Nieto de permitir que el "dolor y la impunidad" persistieran, e incluso hubiera más violaciones a los derechos humanos, durante su mandato.

La ONU reiteró el pasado 3 de abril en Ginebra (Suiza) su "seria preocupación" por los graves actos de violencia cometidos en México contra defensores de los derechos humanos, en particular de los derechos económicos, sociales y culturales y los altos niveles de impunidad.

El Comité DESC expresó inquietud por los derechos de los pueblos indígenas, al sostener que no se respeta plenamente su derecho a la consulta previa con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado, principalmente en lo relativo al desarrollo de proyectos económicos y de explotación de recursos naturales.

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