Jueves 18/10/2018.

Mundo

Una ONG denuncia que las fuerzas birmanas se prepararon para reprimir a los rohingyas antes de los ataques

Fortify Rights defiende que se habría cometido genocidio y crímenes contra la Humanidad en Rajine

Las autoridades birmanas llevaron a cabo "preparativos exhaustivos y sistemáticos" para reprimir a los civiles rohingyas en Rajine durante las semanas y los meses anteriores a la ola de ataques cometidos por rebeldes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA) el 25 de agosto de 2017, ha denunciado la ONG Fortify Rights.

En su informe "'Les dieron largas espadas': Preparativos para el genocidio y crímenes contra la Humanidad contra los musulmanes rohingyas en Rajine", la ONG asegura que ha encontrado "fundamentos razonables" de que los delitos cometidos contra esta minoría musulmana constituyen genocidio y crímenes de guerra, además de identificar a 22 altos cargos del Ejército y la Policía birmana a los que considera que habría que investigar por su papel en estas "atrocidades".

"El genocidio no ocurre de forma espontánea", ha subrayado el presidente de Fortify Rights, Matthew Smith, en un comunicado. "La impunidad por estos crímenes allanará el camino para más violaciones y ataques en el futuro", ha advertido, defendiendo que "el mundo no puede sentarse perezosamente y ver cómo se desarrolla otro genocidio, pero ahora mismo es exactamente lo que está ocurriendo".

La ONG, que ha llevado a cabo una investigación durante 21 meses en los que ha realizado entrevistas tanto en Birmania como en Bangladesh a testigos y supervivientes rohingyas, ha defendido que contrariamente a lo que se pensaba hasta ahora la represión de esta comunidad no fue algo espontáneo en respuesta a los ataques de finales de agosto de 2017.

Ante la falta de respuesta de la comunidad internacional, según la ONG, a los asesinatos, violaciones y ataques incendiarios de las fuerzas birmanas contra los rohingyas en Maungdaw en octubre y noviembre de 2016, "las autoridades birmanas hicieron preparativos para lanzar otro ataque" en las localidades de Maungdaw, Buthidaung y Rathedaung, en el norte de Rajine.

ASEGURA QUE LAS AUTORIDADES DESARMARON A LOS ROHINGYAS

En concreto, según los testimonios recabados por Fortify Rights, las autoridades birmanas recogieron sistemáticamente los objetos afilados o romos de los rohingyas para "desarmarles", entrenaron y armaron a los residentes que no pertenecían a este grupo en el norte de Rajine "preparándoles para la violencia" y derribaron de forma sistemática las vallas y otras estructuras en torno a las viviendas de los rohingyas, facilitando la visibilidad a los atacantes.

Asimismo, privaron a los civiles rohingyas de ayuda alimentaria y de otro tipo, "debilitándoles físicamente de forma sistemática antes de los ataques", desplegaron un número excesivo de efectivos de seguridad en la zona y cometieron violaciones de los Derechos Humanos al imponer altos el fuego discriminatorios y otras violaciones previas a los ataques.

Fortify Rights subraya que estas acciones entran dentro de lo que se considera "acciones preparatorias" para genocidio y crímenes contra la Humanidad y defiende que los 22 oficiales militares y policiales identificados deberían ser investigados y llegado el caso procesados por estos crímenes. Entre ellos incluye al jefe de las Fuerzas Armadas, general Min Aung Hlaing, su 'número dos', general Soe Win, y el jefe de Estado Mayor, general Mya Tun Oo.

La ONG ha entrevistado también a actuales y antiguos miembros del ARSA, que han asegurado que el grupo armado apenas tiene capacidad militar ni entrenamiento. Cuando se produjeron los ataques contra puestos policiales el 25 de agosto de 2017, "las autoridades birmanas activaron a los ciudadanos que no eran rohingyas, a algunos de los cuales había armado y entrenado previamente y juntos atacaron las localidades rohingyas".

El informa ha documentado cómo soldados, policías y residentes que no eran rohingyas mataron con hachas, degollaron y dispararon y quemaron a miles de hombres, mujeres y niños de esta minoría musulmana en cuestión de semanas. Además, los soldados violaron a mujeres y niñas, detuvieron de forma arbitraria a hombres y niños y destruyeron varios miles de aldeas prendiéndolas fuego, lo que provocó el éxodo de más de 700.000 rohingyas hacia el vecino Bangladesh.

DENUNCIA QUE EL ARSA TAMBIÉN COMETIÓ ABUSOS

Por otra parte, Fortify Rights también ha acusado al ARSA de haber perpetrado abusos de los Derechos Humanos, incluido el asesinato de varios civiles rohingyas antes de los ataques de finales de agosto de 2017. Además, los milicianos amenazaron, golpearon y en algunos casos asesinaron a rohingyas que sospechaban que eran informantes del Gobierno, presuntamente por orden de su líder Atta Ullá.

"Décadas de persecución por el Ejército birmano no da los combatientes rohingyas licencia para matar a civiles", defiende Matthew Smith. "Aquellos responsables de estos asesinatos brutales deberían ser investigados conforme con los estándares internacionales de Derechos Humanos", sostiene.

Así las cosas, dado que considera que hay "fundamentos razonables" para creer que los crímenes cometidos por las fuerzas birmanas constituyen genocidio y crímenes contra la Humanidad, Fortify Rights pide que el Consejo de Seguridad de la ONU remita estos hechos al Tribunal Penal Internacional (TPI).

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