“He estado en todas las marchas, en todas las protestas, pero el pasado viernes la situación fue más tensa. Tuvimos que huir de la universidad donde estábamos atrincherados porque nos estaban asediando, huimos hasta iglesia cercana. Entramos allí a las cinco de la tarde y no pudimos salir hasta las ocho de la mañana del día siguiente. Nos mataron a dos compañeros estudiantes e hirieron a otros 16”. De esta forma explica Jonathan cómo vivió la noche del 13 de julio en Managua, la capital de Nicaragua, en medio de una de las protestas que el Gobierno de Daniel Ortega ha decidido reprimir de forma violenta y sin control desde hace tres meses. “Nos atacaron con armas de guerra según algunos médicos que han trabajado en zonas de conflicto. AKA, M16… es armamento de guerra. Nos están matando”, añade Jonathan a preguntas de este medio, un joven de 20 años que pudo salir de la iglesia gracias a un corredor humanitario después de muchas horas de negociación entre la Conferencia Episcopal del país y el Gobierno.
“Bajo el lema ‘El pueblo salva al pueblo’ nos organizamos para evitar los saqueos y levantamos barricadas en la ciudad. La policía decidió atacar junto con las juventudes sandinistas (fuerzas progubernamentales). Él estaba ayudando a un chico herido de bala y cuando cruzaban la calle le dispararon en la cabeza. Murió al instante. Estuvo una hora y media allí tirado porque los disparos no pararon”. Es otro episodio vivido en Nicaragua, esta vez en Masaya, una ciudad a 20 kilómetros de la capital. Quien lo relata es Massiel y la víctima es su primo. “Su mujer tuvo que conseguir una sábana blanca para acercarse hasta él y recuperar el cuerpo. Cuando iban a salir de la zona la policía le dijo que se llevara a ese perro de allí, que les molestaba. Pidió ayuda a unos voluntarios que estaban en la ciudad pero las fuerzas de seguridad les encañonaron y no les dejaron trabajar. Tuvo que llevarse el cuerpo de su marido en un carretón de basura”, explica Massiel a teinteresa.es desde Nicaragua en una conversación telefónica. Su nombre era Marcelo Mayorga, un hombre de 39 años que forma parte de una lista de asesinados que son difíciles de contabilizar.
Jonathan y Massiel son dos de los miles de ciudadanos nicaragüenses que han salido a la calle para protestar contra la represión del Gobierno que a día de hoy deja cientos de víctimas. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, 274 personas han muerto en las protestas, la Comisión Interamericana ha reportado más de 354 víctimas. La Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos ha cifrado en más de 1.500 los heridos. Esta disparidad en las cifras “demuestra lo difícil que está siendo trabajar allí para cualquier organismo”, explica Pilar Sanmartín, investigadora regional de crisis en América de Amnistía Internacional (AI) que ha estado trabajando en el país.
Todo comenzó el pasado 18 de abril cuando el pueblo salió a la calle para protestar contra la reforma del Sistema Nacional de Seguridad Social y la represión fue desproporcionada. Ahora las manifestaciones son contra el “régimen de Ortega”, dice Massiel, que ha decidido atacar a los manifestantes. Muertos en las calles, saqueos y fuerzas paramilitares financiadas por el Gobierno han llevado a Nicaragua a su situación más crítica desde los años 90, reprimiendo las miles de voces que rechazan al Gobierno de Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo. Pero los gestos de pérdida democrática en el país llevan observando desde hace más tiempo. “Veníamos documentando un deterioro de la situación en el país en los últimos años. Espacios democráticos que se han ido cerrando, espacios de libertad de expresión que ya no existen, de manifestación…”, explica Sanmartín en una entrevista con teinteresa.es.
“En los primeros tres días murieron cerca de 30 personas. La reacción tan brutal de Ortega ha llevado a la sociedad a la calle”, explica María Canora, analista de El Orden Mundial (EOM). “Están usando fuerzas paramilitares, están armando a las juventudes sandinistas y se les acusa de ser turbas violentas que atacan a los manifestantes”. “Ha habido violencia desde los dos bandos. Unos con piedras y tirachinas y otros con armas de fuego. Esa es la diferencia”, subraya Canora.
Jonathan forma parte de una de las organizaciones de estudiantes que se han lanzado a la calle para protestar. “Nos defendemos con armas artesanales, es pólvora que como mucho, si les da en el cuerpo, les quema. Eso no les puede matar”, explica a teinteresa.es. En cambio, estas turbas, según Amnistía Internacional, operan al amparo de la policía e incluso su actuación ha ido profesionalizándose. “En los primeros días les veíamos con camisetas de apoyo al Gobierno, sin taparse la cara. Ahora van de negro, tapados y armados. Al principio alguno tenía un arma corta, ahora todos tienen armas largas, fusiles… Atacan de forma indiscriminada a la población civil”, explica Sanmartín. Algunas informaciones de la organización señalan que el Gobierno ha reclutado a pandilleros, que no son solo las juventudes sandinistas las que forman parte de estos grupos, “tienen una composición muy diversa”.
Ortega se niega a abandonar el poder “pero no le queremos”, repite Massiel que ha participado activamente en las protestas de su ciudad desde que comenzaron. “Sigo participando en las manifestaciones a pesar de la represión. Todos buscamos lo mismo, me hace sentirme más fuerte para no dejar de creer”. La represión continúa a pesar del diálogo que puso en marcha la Iglesia, que trabaja como mediadora. “El diálogo no parece posible. Se niegan a irse y la población no va a aguantar hasta 2021”, añade Massiel.
Para la analista de EOM el diálogo tampoco parece una opción. La Iglesia “ha gestionado la convocatoria del diálogo. Ha sido la intermediaria pero cayó cuando los miembros eclesiásticos también fueron atacados. Parece imposible que vayan a pactar una solución”, añade Canora.
“El diálogo parece imposible”
“La Iglesia ha sido imprescindible para el diálogo”. Se trata de una idea que comparten ambas analistas, ya que ha sido la impulsora del Diálogo Nacional a pesar de la actitud del Gobierno. “Ortega ha tenido un discurso de negación. Ha intentado invisibilizar lo que estaba ocurriendo. Se ha sentado a la mesa negando los ataques mientras las turbas atacaban”, explica Sanmartín, que añade que siente que la situación está “escalando a niveles que no esperábamos”.
“Nicaragua no es una propiedad privada”, ha afirmado Ortega estas últimas semanas, que sigue manteniendo sus apariciones públicas y prácticamente obviando la oposición que tiene en las calles. Apoyándose en la religión una vez más, el presidente dice que “el demonio está sacando las uñas” en referencia a los manifestantes para insistir en que en el país “nos quedamos todos”.
Amnistía Internacional, en un informe titulado ‘Disparar a matar: estrategias de represión de la protesta en Nicaragua’ detalla cómo el Gobierno de Ortega ha reaccionado estos últimos meses. A la estrategia de la negación, al uso de fuerzas paramilitares y al uso excesivo de la fuerza se unen las ejecuciones extrajudiciales y la imposibilidad de acceder a la atención médica.
La organización señala a Daniel Ortega de forma directa con las ejecuciones extrajudiciales. “Existen razones para pensar que dichas muertes habrían ocurrido con conocimiento de las más altas autoridades del Estado nicaragüense, entre ellas el presidente de la República”, señala el informe. Consideran que todos los casos siguen el mismo patrón: uso letal de la fuerza, misma localización de los disparos, irregularidades en la investigación y obstáculos para el acceso a la justicia de la familia.
Daniel Ortega reclama que puede estar en el poder hasta 2021, momento en que tendría que convocar las próximas elecciones pero la población clama por su dimisión. Los ataques contra el pueblo nicaragüense han hecho que las protestas contra la reforma hayan quedado de lado para reclamar derechos básicos como el de manifestación.
“En 2014 Ortega reformó la constitución y legalizó la reelección indefinida de los presidentes. Eso se entendió como un intento por perpetuarse en el poder. Además ahora tienen el control del Tribunal Electoral, del Tribunal de Justicia… Tiene copados los poderes y no parece que las próximas elecciones vayan a tener garantías”, detalla Canora.
Ahora mismo el diálogo está paralizado y no parece que vaya a ser fácil que se reactive, no hay condiciones que lo permitan. Aun así “no ha desaparecido de forma definitiva”, dice Sanmartín, que confía en que se puedan reactivar y llegar a un acuerdo, “aunque no haya elementos que vayan en esa dirección”. Mientras tanto la represión continúa y las cifras de heridos y muertos aumentan.
La Organización de las Naciones Unidas ha reclamado a Nicaragua garantizar la protección de los ciudadanos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cree que es “inaceptable el uso de la “fuerza letal” contra los manifestantes. «Es absolutamente esencial que cese inmediatamente la violencia y se revitalice el diálogo nacional, porque solo una solución política es aceptable para Nicaragua», añadió su portavoz.
A pesar del pronunciamiento de la ONU, las reacciones internacionales han tardado. “Es imprescindible que haya presión internacional”, dice Jonathan, ya que cree que “la voz del pueblo no les importa”. Para Canora “la perspectiva internacional puede ser imprescindible”, además está convencida de que “Rusia y EEUU están interfiriendo en Nicaragua”.
“Una oposición heterogénea”
“En la oposición no están solo los conservadores del país. Los sandinistas están fragmentados, ellos mismos rechazan la represión que Ortega ha puesto en marcha”, explica María Canora al ser preguntada por quién o quienes se enfrentan cada día al Gobierno de Nicaragua. La heterogeneidad marca a un grupo cada vez más mayoritario que exige a Ortega abandonar el poder y las instituciones del país.
Hasta ahora, muchos sectores de la sociedad jugaban el rol de aliados, los mismos grupos que ahora se han plantado. La masa empresarial, la Iglesia… “Ortega lo llamaba el Gobierno de la concordia”, explica la analista de Amnistía Internacional, que añade que “ha sido muy interesante ver cómo estos sectores que habían apoyado a Ortega ahora han ido cerrando filas progresivamente y han dado un paso atrás”.
“El papel que jugamos los estudiantes es el más importante. Somos el futuro del país”, dice Jonathan. “Es el miedo que tiene cualquier dictador. Sin nosotros no tendrán doctores, ni economistas, ni científicos… Somos la esperanza y la punta de lanza de cualquier estado”, explica. Los estudiantes han sido una pieza clave de esta oposición. Al comenzar las manifestaciones tres universidades fueron tomadas por los estudiantes y han sido uno de los grupos más atacados por las fuerzas paramilitares. “Va a ser duro. Acaban de aprobar una ley para impedir que nos manifestemos pero vamos a hacer presión. Vamos a buscar nuevos mecanismos”, añade el joven estudiante.
No hay signos de que la situación vaya a cambiar. Ortega se mantiene en el poder y su discurso continúa en la misma línea, mientras tanto las manifestaciones parecen que tampoco van a terminar. “Las protestas dejaron de ser por las reformas. El Gobierno no quiere que nadie se les oponga. Esto ya es una cuestión de los derechos de todos”, concluye Massiel. Jonathan insiste: “Una generación entera está siendo asesinada. Recuperar el futuro de dos décadas no va a ser fácil. Estamos siendo asesinados”.