Domingo 20/10/2019.

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La principal rival de Nicolás Maduro, al borde de la destitución

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, convertida en la principal figura de oposición al Gobierno de Nicolás Maduro, quedó al borde de la destitución y de ser enjuiciada por un proceso iniciado por el chavismo después de revelarse contra los planes oficialistas.
Ortega es la funcionaria de más alto rango que se ha opuesto a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente hecha por Maduro en medio de una crisis institucional y una ola de protestas antigubernamentales que mantiene en el clímax la trama venezolana.
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) celebró hoy la audiencia oral para evaluar la solicitud de "antejuicio de mérito" y determinar si existen elementos para enjuiciar y separar de su cargo a la titular del Ministerio Público por haber incurrido en una supuesta "falta grave" contra su investidura.
Los señalamientos contra la fiscal, que se negó a presentarse a la audiencia, son de carácter "ético y moral" por impugnar la designación de una treintena de magistrados que componen el máximo tribunal, el mismo que hoy debe juzgarle, por supuestas irregularidades cometidas en su elección.
La acusación se hizo ante el pleno de los magistrados por el diputado oficialista Pedro Carreño, que inició la acción legal contra la fiscal con una denuncia por supuestas "faltas graves" en el desempeño de sus funciones.
Carreño acusó a Ortega de "ponerse en antagonismo con el poder judicial" y "con el poder ejecutivo", después de que la funcionaria recriminase al TSJ haber roto "el hilo constitucional" y acusase al Gobierno del presidente Nicolás Maduro de practicar "terrorismo de Estado".
El fundamento de la acusación de los chavistas contra su exaliada se sustenta en que esos magistrados fueron elegidos en un proceso que contó con el aval del Ministerio Público, y que ahora Ortega niega, por lo que se le acusa de mentir.
El presidente de la alta corte, el magistrado Maikel Moreno, informó de que la decisión sobre el proceso de enjuiciamiento contra la fiscal general será anunciada en un plazo de cinco días.
Al mismo tiempo, el Supremo ha allanado el terreno para una eventual salida de Ortega con la destitución de su actual vicefiscal, Rafael González, y designando en su lugar a Katherine Harington, una exfiscal y exviceministra del Gobierno de Maduro.
El Parlamento, controlado por opositores pero cuyos actos son considerados nulos por los demás poderes, ratificó a González dejando un nuevo escenario con dos vicefiscales.
Luisa Ortega no asistió hoy a la audiencia en el Supremo por considerar que el proceso que se ha abierto contra ella es ilegal, con el objetivo de anular al Ministerio Público.
"Esta decisión solo será posible violando el derecho a la defensa y al debido proceso, por esa razón no acudí al Tribunal Supremo de Justicia", dijo en una comparecencia desde la sede de la Fiscalía.
Aseguró que no va a "convalidar un circo" que teñirá la historia de Venezuela de "vergüenza y dolor" pues la "decisión está cantada" por lo que reiteró: "No los reconozco".
Este proceso iniciado por el Supremo, acusado por la oposición de servir a Maduro, deja abierto el camino para "aniquilar por vías violentas el descontento popular", opinó.
Ortega es la misma fiscal general que en 2014 impulsó centenares de investigaciones contra opositores por las protestas antigubernamentales de ese año lideradas, entre otros, por Leopoldo López, que cumple una condena de casi 14 años en una cárcel militar.
En Venezuela, la mayoría de las autoridades del Estado han sido designadas por el oficialismo, entre ellas Ortega, que hasta hace tres meses era considerada como una aliada del chavismo y ahora encabeza la mayor corriente en contra del Gobierno.
La oposición por su parte mantiene las calles calientes con más protestas y cierre de vías en varias zonas del país, otra jornada que se saldó con la muerte de un joven en el oeste venezolano por causas que aún no han sido precisadas, lo que eleva el número de fallecidos a 91 en el marco de esta ola de manifestaciones que dura tres meses.
Otros escenarios de violencia se reportaron en Caracas donde un grupo de hombres armados atacó un hospital durante una protesta opositora, hiriendo al menos a cinco personas que se encontraban en las inmediaciones del centro médico, por lo que la Fiscalía inició una investigación.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, convertida en la principal figura de oposición al Gobierno de Nicolás Maduro, quedó al borde de la destitución y de ser enjuiciada por un proceso iniciado por el chavismo después de revelarse contra los planes oficialistas.


Ortega es la funcionaria de más alto rango que se ha opuesto a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente hecha por Maduro en medio de una crisis institucional y una ola de protestas antigubernamentales que mantiene en el clímax la trama venezolana.


La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) celebró hoy la audiencia oral para evaluar la solicitud de "antejuicio de mérito" y determinar si existen elementos para enjuiciar y separar de su cargo a la titular del Ministerio Público por haber incurrido en una supuesta "falta grave" contra su investidura.


Los señalamientos contra la fiscal, que se negó a presentarse a la audiencia, son de carácter "ético y moral" por impugnar la designación de una treintena de magistrados que componen el máximo tribunal, el mismo que hoy debe juzgarle, por supuestas irregularidades cometidas en su elección.

La acusación se hizo ante el pleno de los magistrados por el diputado oficialista Pedro Carreño, que inició la acción legal contra la fiscal con una denuncia por supuestas "faltas graves" en el desempeño de sus funciones.


El proceso de enjuiciamiento contra la fiscal general será anunciada en un plazo de cinco días

Carreño acusó a Ortega de "ponerse en antagonismo con el poder judicial" y "con el poder ejecutivo", después de que la funcionaria recriminase al TSJ haber roto "el hilo constitucional" y acusase al Gobierno del presidente Nicolás Maduro de practicar "terrorismo de Estado".


El fundamento de la acusación de los chavistas contra su exaliada se sustenta en que esos magistrados fueron elegidos en un proceso que contó con el aval del Ministerio Público, y que ahora Ortega niega, por lo que se le acusa de mentir.


El presidente de la alta corte, el magistrado Maikel Moreno, informó de que la decisión sobre el proceso de enjuiciamiento contra la fiscal general será anunciada en un plazo de cinco días.


Al mismo tiempo, el Supremo ha allanado el terreno para una eventual salida de Ortega con la destitución de su actual vicefiscal, Rafael González, y designando en su lugar a Katherine Harington, una exfiscal y exviceministra del Gobierno de Maduro.


El Parlamento, controlado por opositores pero cuyos actos son considerados nulos por los demás poderes, ratificó a González dejando un nuevo escenario con dos vicefiscales.


Aliada del chavismo hace pocos meses

Luisa Ortega no asistió este miércoles a la audiencia en el Supremo por considerar que el proceso que se ha abierto contra ella es ilegal, con el objetivo de anular al Ministerio Público.


"Esta decisión solo será posible violando el derecho a la defensa y al debido proceso, por esa razón no acudí al Tribunal Supremo de Justicia", dijo en una comparecencia desde la sede de la Fiscalía. Aseguró que no va a "convalidar un circo" que teñirá la historia de Venezuela de "vergüenza y dolor" pues la "decisión está cantada" por lo que reiteró: "No los reconozco". Este proceso iniciado por el Supremo, acusado por la oposición de servir a Maduro, deja abierto el camino para "aniquilar por vías violentas el descontento popular", opinó.


Ortega es la misma fiscal general que en 2014 impulsó centenares de investigaciones contra opositores por las protestas antigubernamentales de ese año lideradas, entre otros, por Leopoldo López, que cumple una condena de casi 14 años en una cárcel militar. En Venezuela, la mayoría de las autoridades del Estado han sido designadas por el oficialismo, entre ellas Ortega, que hasta hace tres meses era considerada como una aliada del chavismo y ahora encabeza la mayor corriente en contra del Gobierno.


La oposición por su parte mantiene las calles calientes con más protestas y cierre de vías en varias zonas del país, otra jornada que se saldó con la muerte de un joven en el oeste venezolano por causas que aún no han sido precisadas, lo que eleva el número de fallecidos a 91 en el marco de esta ola de manifestaciones que dura tres meses.


Otros escenarios de violencia se reportaron en Caracas donde un grupo de hombres armados atacó un hospital durante una protesta opositora, hiriendo al menos a cinco personas que se encontraban en las inmediaciones del centro médico, por lo que la Fiscalía inició una investigación.

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