Jueves 18/10/2018.

Mundo

La ex fiscal general cree que Jimmy Morales no responderá ante la Justicia hasta abandonar la Presidencia

Aldana sopesa lanzarse a la arena política con un movimiento transversal para obrar la "renovación" de Guatemala

Thelma Aldana ha sido fiscal de Guatemala hasta hace apenas unas semanas. En su haber cuentan un proceso judicial que acabó con la Presidencia de Otto Pérez Molina y otro en ciernes que podría tener idéntico resultado para el actual mandatario, Jimmy Morales. Aun así queda mucho por hacer para erradicar una corrupción que define como "sistemática" y por eso sopesa irrumpir en política.

Aldana salió del Ministerio Público el pasado 16 de mayo tras "cuatro años de intenso trabajo, de laborar catorce horas diarias, sábados y domingos" incluidos. Su última aportación fue una rueda de prensa junto al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) --dependiente de Naciones Unidas--, Iván Velásquez, para anticipar una ofensiva judicial contra Morales.

El presidente está siendo investigado por no declarar 8 millones de quetzales (unos 925.000 euros) usados por su partido político, FCN-Nacional, en la campaña electoral de 2015, que le catapultó al poder. "Es un caso de financiamiento electoral ilícito", explica la jurista guatemalteca en una entrevista concedida a Europa Press, en el marco del ciclo 'Mujeres contra la impunidad' que organiza La Casa Encendida.

"Dos empresarios han reconocido que incurrieron en financiamiento electoral ilícito" por prestar ese dinero a FCN-Nacional "y para el 1 de junio está programada una audiencia judicial con cinco empresarios más que me parece que van a asumir la misma actitud procesal (...), lo que involucraría obviamente al presidente" y permitiría hacer una acusación formal, afirma.

"A mi juicio", comenta, "hay material abundante para presentar la solicitud de antejuicio contra el presidente", es decir, para pedir al Congreso que le retire la inmunidad que le otorga el cargo. Sin embargo, no pudo hacerlo en la recta final de su mandato en el Ministerio Público porque estaban "pendientes" de algunos datos para apuntalar el caso. "Pienso que no puede ir más allá de quince días", estima.

Interrogada sobre si su sucesora, María Consuelo Porras, seguirá las investigaciones contra Morales, se muestra segura --"esperaría que fuera una fiscal general independiente"--. El problema, señala, es que el Congreso, dominado por el FCN-Nacional y sus aliados, debe aprobar la solicitud de antejuicio para que las pesquisas continúen. "Y en las condiciones actuales me parece que no estaría dispuesto", augura.

De hecho, la sede legislativa ya liberó a Morales de la obligación de rendir cuentas cuando el pasado mes de septiembre rechazó, con 158 votos en contra y solo 25 a favor, una petición previa por el mismo caso, aunque en una fase anterior en la que se contaba con menos información, para arrebatar al jefe de Estado su inmunidad judicial.

"Habrá que esperar a que el presidente termine su periodo para que se pueda ventilar el caso en los tribunales", asume. De momento, el hijo y el hermano del mandatario, José Manuel y Samuel, respectivamente, están siendo procesados porque habrían facturado al Registro de la Propiedad eventos oficiales que nunca se celebraron para adueñarse de esos fondos.

PUNTO DE INFLEXIÓN

La ex fiscal general ya dio la batalla con el Gobierno anterior. Pérez Molina tuvo que dimitir el 2 de septiembre de 2015 --cuatro días antes de las elecciones presidenciales-- acosado por el escándalo de corrupción de 'La Línea', un caso de defraudación aduanera. Él, su antigua vicepresidenta Roxana Baldetti y otros ex altos cargos de su Gobierno están siendo juzgados por ello.

"Fue un año de investigación con más de 100.000 escuchas telefónicas", destaca. "El principal obstáculo han sido los tribunales, donde hay lentitud en la tramitación (del caso)", un retraso que ha querido atribuirse al Ministerio Público pero que, enfatiza Aldana, se debe a "mecanismos de la defensa". "Esperamos que el caso vaya avanzando y que se llegue a sentencia", confía.

La caída de Pérez Molina y su Gobierno supuso un antes y un después en la sociedad guatemalteca. "Se dieron cuenta de que aún siendo presidentes, aún teniendo mucha influencia política, es posible que las investigaciones los alcancen", valora.

Aldana concede mayor importancia al caso de Morales porque, mientras que el de Pérez Molina era simplemente corrupción, la causa contra el actual mandatario "puede ayudar a sentar el precedente en Guatemala para que el sistema político se renueve".

"CORRUPCIÓN SISTÉMICA"

En opinión de la antigua jefa del Ministerio Público, Guatemala adolece de "una corrupción sistémica" porque "durante muchos años se toleró" y ahora que se intenta desmontar desde la Justicia "el contraataque (...) de diversos sectores que tienen el poder, especialmente el poder político, es muy fuerte".

Aldana presume de haber sido una fiscal general "independiente" que ha dejado un Ministerio Público "autónomo". El precio a pagar por ello han sido amenazas de muerte contra ella y su familia por las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les ha otorgado medidas cautelares que seguirán vigentes una vez que ha abandonado el cargo.

Atribuye estas amenazas de muerte a "las estructuras criminales" que operan en la nación centroamericana --una de las más peligrosas del mundo-- y que disfrutan de "dinero e influencia", desesperadas porque, afirma orgullosa, nunca cedió a las presiones: "No las tolero".

En este contexto de podredumbre, subraya la importancia de la CICIG, cuyo papel es ayudar al Ministerio Público y a las fuerzas de seguridad en la investigación del delito. Tanto Pérez Molina como Morales han buscado expulsar a la CICIG de Guatemala esgrimiendo un incumplimiento del convenio entre el Estado y la ONU que le permite funcionar en el país.

"Es para evitar que se continúe con las investigaciones" porque este mecanismo de la ONU "ha sido una herramienta fundamental" contra la corrupción en Guatemala. "Tendrá que estar muchos años más hasta que haya un verdadero sistema de justicia independiente y hasta que haya apoyo del gobierno central en la lucha anticorrupción", sostiene.

RENOVACIÓN NACIONAL

Aldana defiende que su actuación y la de Velásquez ha sido para "despertar a la ciudadanía", para que los guatemaltecos tuvieran la información necesaria para llevar a cabo "una especie de auditoría ciudadana" que blinda las indagaciones judiciales y "genera responsabilidad en los propios jueces".

Espera que en las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2019, se apueste por la transparencia en el proceso y la renovación en los resultados, porque "ha sido precisamente la vieja política la que ha diseñado este sistema de corrupción".

Su nombre comienza a sonar como posible candidata presidencial y no es ajena a estos ecos. "No descarto una participación en política", revela, si bien al mismo tiempo matiza que solo irrumpiría en nombre de un movimiento transversal, con "gente de derechas y de izquierdas, mujeres, indígenas e inmigrantes", para obrar la "renovación" que requiere Guatemala.

Por ahora, se dedicará a cumplir algunos "compromisos internacionales", en los que aclara que no están posibles cargos en Naciones Unidas o en la Organización de Estados Americanos (OEA), para después volver a Guatemala, donde piensa continuar, y recuperar su carrera docente. La incógnita presidencial se despejará en tan solo un año.

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