«Tep Vanny ha pasado dos años tras las rejas con cargos inventados y debería ser liberada inmediatamente», ha señalado el subdirector en Asia de HRW, Phil Robertson. «Este es solo uno de los muchos casos escandalosos en los que las autoridades han utilizado indebidamente el sistema judicial de Camboya para hostigar y encarcelar activistas pacíficos por los derechos a la tierra», ha aseverado.
En febrero de 2017, un tribunal camboyano condenó a dos años y medio de cárcel a Tep Vanny, que fue declarada culpable de atacar a las fuerzas de seguridad en su intento de entregar al jefe de Gobierno una petición para resolver una disputa territorial. Sin embargo, los testigos aseguraron que ni ella ni otros manifestantes se enfrentaron a los agentes.
Las evacuaciones forzosas son un problema creciente en Camboya. Miles de personas han sido expulsadas de sus granjas e incluso de sus casas en zonas urbanas para dar paso a proyectos inmobiliarios o de minería y agricultura.
«La difícil situación de Tep Vanny debe estar en el centro de las demandas de los gobiernos extranjeros y los donantes a las autoridades camboyanas para liberar de inmediato a todos los presos políticos», ha manifestado Robertson.
«El trato que el Gobierno da a Vanny y a otros activistas detenidos es un indicador crítico de su compromiso con la comunidad internacional después de las ampliamente ridiculizadas elecciones de julio», ha añadido.