A través de un comunicado, la organización humanitaria ha advertido que, de convertirse en ley, garantizaría la impunidad de los crímenes internacionales cometidos durante el régimen de Salé y de la represión contra los manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2011.
«La aprobación de este proyecto de ley sería una ofensa a las miles de víctimas del régimen de Salé, incluidos los familiares de los manifestantes que fueron tiroteados hasta la muerte el año pasado», ha dicho la directora ejecutiva de HRW para Oriente Próximo, Sarah Leah Whitson.
HRW también ha señalado que, a pesar de que el artículo 51 del proyecto de ley prohíbe que sea derogado por cualquiera de los tribunales del país, el artículo 153 de la Constitución otorga a la Corte Suprema la potestad de derogar cualquier norma contraria a su redacción, que contempla el derecho de los yemeníes a recurrir a los tribunales para proteger sus derechos y libertades.
En la misma línea, HRW ha apuntado que el preámbulo del proyecto de ley dice «erróneamente» que su objetivo es implementar la resolución 2014 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que insta a las partes a llegar a un acuerdo basándose en la propuesta del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), no trasladándola directamente, así como a garantizar que los responsables de las violaciones de Derechos Humanos rindan cuentas ante la justicia.
Además, Whitson ha advertido de que, aunque finalmente el proyecto de ley sea aprobado, no impedirá que Salé y sus colaboradores sean juzgados en otros países por su responsabilidad en dichos crímenes, al amparo de la jurisdicción universal.
Así, ha instado a las autoridades yemeníes a «encerrar a los responsables de estos crímenes, en vez de recompensarles con una licencia para matar», ya que «sin una verdadera rendición de cuentas no habrá una verdadera ruptura con el régimen de Salé.
HRW ha documentado la muerte de 270 manifestantes durante las protestas antigubernamentales del año pasado, la mayoría en la capital, Saná, así como un patrón de violación de Derechos Humanos y normas internacionales por parte del régimen de Salé, como los bombardeos indiscriminados en el norte del país entre 2004 y 2010 y el uso de munición mortal contra los separatistas del sur en 2007.
«Desde el norte hasta el sur, pasando por Saná, el Gobierno de Salé ha violado los derechos y libertades del pueblo yemení», ha aseverado Whitson.