Miércoles 21/08/2019.

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HRW insta a Angola a investigar los presuntos abusos por parte de las fuerzas de seguridad contra activistas

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha instado este viernes a las autoridades de Angola a investigar los presuntos abusos por parte de las fuerzas de seguridad contra activistas y a retirar los cargos contra el disidente Hitler 'Samussuku' Tshikonde.

"El maltrato de la Policía a 'Samussuku' es ilegal y un signo de que el Gobierno no tolerará la disidencia pacífica", ha manifestado Ida Sawyer, subdirectora de HRW para África. "La conducta de los agentes deben ser investigada y todos los responsables han de ser llevados ante la Justicia", ha añadido.

El pasado 10 de mayo, seis agentes introdujeron al activista de forma violenta en un vehículo en Luanda. Posteriormente, 'Samussuku' fue encarcelado durante 72 horas sin que se presentaran cargos en su contra o tuviera acceso a un abogado.

Tal y como ha indicado la organización en un comunicado, el disiente fue puesto en libertad el 13 de mayo después de que se le comunicara que estaba siendo investigado por haber "insultado al presidente" en un vídeo difundido a través de las redes sociales.

Tshikonde es uno de los 17 miembros de un club de lectura en ser acusado de planear una rebelión contra el Gobierno del entonces presidente Jose Eduardo Dos Santos. Todos ellos fueron condenados a penas de entre dos y ocho años de prisión en 2016.

El 8 de mayo Tshikonde publicó un vídeo en su cuenta de Youtube en el que se dirigía al presidente, Joao Lourenco, para decirle que los activistas están preparados para hacerle frente de la misma forma en que se opusieron a Dos Santos.

"La Policía de Angola tiene que dejar de tratar a los activistas pacíficos como si fueran una amenaza para la seguridad estatal", ha aseverado Sawyer. "Respetar el derecho a la libertad de expresión es un paso importante hacia la construcción de una democracia fuerte", señala.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha expresado que el "mero hecho de que haya formas de expresión que se consideren un insulto a una figura pública no es suficiente para justificar la imposición de penas".

En este sentido, ha resaltado que "todas las figuras públicas, incluidas aquellas que ejercer la mayor autoridad política como el jefe de Estado o de Gobierno, están sujetas legítimamente a críticas y a una oposición política".

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