Domingo 17/11/2019.

Mundo

HRW insta a los gobiernos de América y Europa a imponer sanciones específicas contra las autoridades

La organización Human Rights Watch (HRW) ha instado este martes a los gobiernos de América y Europa a imponer sanciones específicas contra las principales autoridades de Nicaragua implicadas en abusos.

En su informe 'Represión en Nicaragua: Tortura, malos tratos y enjuiciamiento de manifestantes y opositores', la organización detalla la detención de cientos de personas por parte de la Policía y los secuestros por parte de grupos progubernamentales tras la represión a manifestantes que comenzaron a protestar en abril de 2018.

Según HRW, muchos de ellos fueron sometidos a abusos e incluso en algunos casos torturados. Además, asegura que a muchos de los heridos se les negó atención médica y los médicos que les atendieron afirman que sufrieron represalias.

"Daniel Ortega no ha demostrado un verdadero compromiso con la justicia para las víctimas de la brutal represión por parte de la Policía Nacional durante las protestas de 2018", ha señalado José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.

"La reciente liberación de decenas de personas detenidas en el marco de las protestas, muchas de las cuales están bajo arresto domiciliario y aún se enfrentan a un proceso judicial, no oculta el hecho de que ni un solo agente de Policía está bajo investigación criminal", ha aseverado.

Vivanco ha insistido en que la "única forma de frenar los abusos generalizados, permitir que los nicaragüenses regresen del exilio, poner fin a la censura y restablecer la independencia judicial es a través de una presión internacional sostenida que debería incluir sanciones específicas y una mayor presión por la rendición de cuentas".

El Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua dio por liberados este martes a todos los presos políticos que había pactado con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, como parte del diálogo para superar la crisis política que sufre Nicaragua, si bien la plataforma opositora no se ha mostrado conforme.

El Ejecutivo afirmó que "al alcanzar la fecha comprometida", el 18 de junio, "todas esas personas gozan de libertad, con el compromiso de no repetición".

CRISIS POLÍTICA

La crisis estalló en abril de 2018 por las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.

Más de 300 personas murieron y otras cientos fueron detenidas. Expertos del sistema interamericano que viajaron al país para constatar la situación interna han recomendado en un informe juzgar al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de las protestas.

El líder 'sandinista' ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. En febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Sin embargo, en mayo se suspendió de nuevo por acusaciones cruzadas de incumplimiento.

La Alianza Cívica había exigido al Gobierno que cumpliera su promesa de liberar a todos los presos políticos antes del 18 de junio. El Gobierno ha excarcelado a cuentagotas a unos 200 bajo la modalidad de "casa por cárcel", es decir, bajo una especie de arresto domiciliario.

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