El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha informado en un comunicado de que una cámara de instrucción emitió el 7 de diciembre una orden de arresto contra Ngaissona de la que se notificó a las autoridades francesas para proceder a su cumplimiento.
Los jueces sospechan que el exlíder miliciano pudo haber cometido crímenes de guerra y contra la Humanidad en la zona oeste de República Centroafricana al menos entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, por lo que han solicitado que quede bajo custodia de la corte internacional mientras avanzan las investigaciones.
Ngaissona ha sido identificado como un alto cargo de los anti-balaka –su «coordinador general nacional»– y, según los jueces, bajo su mando se pudieron cometer asesinatos, torturas, ataques contra la población civil, reclutamientos de niños, desapariciones forzosas y ataques contra propiedades, entre otros delitos concretos.
La cámara considera que hay indicios «razonables» para considerar que los anti-balaka, de mayoría cristiana, perpetraron masacres contra la población civil musulmana y contra cualquiera que pudiese ser percibido como miembro del grupo Séléka, que en 2013 se había hecho con el poder tras derrocar al Gobierno de entonces.
El TPI investiga la guerra en República Centroafricana por petición del Gobierno del propio país y, en el marco de estos análisis, examina los supuestos crímenes perpetrados por los dos principales actores de este conflicto armado, que dejó «miles de muertos» y «cientos de miles de desplazados», como ha recordado la corte en su nota.