Se trata de una propuesta de la Comisión Europea que debe ser aún negociada con los Veintiocho y que, de salir adelante, daría al Consejo y a la Eurocámara el poder de bloquear y desbloquear recursos procedentes de las arcas comunitarias, con el fin de evitar el mal uso de los fondos europeos por gobiernos que se alejen de los valores democráticos.
El primer paso correspondería a Bruselas, quien deberá determinar con la ayuda de un grupo de expertos si existen «deficiencias generalizadas» graves en un Estado miembro que puedan dañar el Estado de Derecho y amenacen la gestión de fondos europeos.
En función del problema que se detecte en el país en cuestión, la Unión Europea podrá optar por suspender compromisos de pago, interrumpir los plazos de pago, reducir la prefinanciación o suspender los pagos.
En cualquier caso, la iniciativa prevé que se mantenga la «obligación» del Gobierno sancionado de cumplir con los programas o proyectos comprometidos, de modo que los beneficiarios de estas partidas, como investigadores u organizaciones de la sociedad civil, sigan recibiendo los apoyos con los que contaban.
Además, el Ejecutivo comunitario deberá enviar al Parlamento y al Consejo una propuesta para transferir la cantidad afectada a la reserva presupuestaria. La medida entrará en vigor en un plazo de cuatro semanas, siempre que la Eurocámara o el Consejo modifiquen o frenen la propuesta, y se seguirá el mismo procedimiento para desbloquear las partidas suspendidas.