“El Gobierno de Ecuador considera que Julian Assange puede ser víctima de una persecución política, como consecuencia de su defensa decidida a favor de la libertad de expresión y de prensa”. Ricardo Patiño, ministro de Exteriores de Ecuador, justificaba con estas palabras la polémica decisión de conceder asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange.
Unos argumentos que la prensa y los periodistas ecuatorianos han recibido con cierta sorpresa e indignación. Consideran que el presidente Rafael Correa quiere presentarse ante el mundo como el adalid de la libertad de expresión, una operación de lavado de imagen, mientras que la realidad en su país es bien diferente.
Desde el comienzo de su presidencia, las relaciones de ciertos medios de comunicación privados con Correa han sido tensas. La ley de comunicación impulsada por el gobierno, conocida entre la oposición como “Ley mordaza”, fue el detonante de una batalla que todavía no se ha resuelto, a la espera de que la polémica norma sea aprobada por la Asamblea Nacional.
Pero existen otras leyes, con menor transcendencia, que ya castigan a los medios que se muestran críticos con los sectores gubernamentales. Desde mayo de este año, el Gobierno de Correa ha ordenado el cierre de al menos once emisoras de radio. En los últimos años han sido casi 30.
Una purga en el espacio radiofónico, bajo el pretexto de reorganizarlo, que ha sido duramente criticado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), organización norteamericana que trabaja en defensa de la libertad de prensa.
“Estos cierres reflejan un intento de controlar el flujo informativo, suprimir el disenso y ampliar el número de medios pro-gubernamentales”, explica su director, Joel Simón, en una carta al superintendente de Telecomunicaciones y recogida por la prensa ecuatoriana.
Una preocupación, según el CPJ, que comparten buena parte de los propietarios de emisoras, que consideran que el cierre se debe a “represalias” por criticar al Gobierno. Es más, están convencidos de que “muchas de las frecuencias” serán entregadas a radios afines a Correa.
Entre las radios cerradas recientemente se encuentran: Radio Morena, Radio Impacto, Radio K-MI, RU Matriz Cadena Sur Ecuador 1200, Radio Cosmopolita, Radio Net, El Dorado y Radio Sucre.
Una situación que se extiende también a las televisiones del país. De las seis televisiones nacionales que emitían en el país cuando Correa alcanzó el poder en 2007, sólo dos se mantienen en antena. Lidervision TV y el canal comunitario Telesangay han sido las últimas víctimas de la deriva autoritaria de Ecuador con la prensa. El caso Assange pone en evidencia este doble rasero en la defensa de la libertad de expresión.
Y, sobre todo, que Correa sigue los pasos de su amigo y aliado Hugo Chávez, que en Venezuela, que bajo el pretexto de crear un panorama mediático más democrático, ha cerrado más de 200 emisoras de radio y la cadena de televisión RCTV, la más antigua de Venezuela con 53 años.
El caso más sonado, la persecución judicial contra el diario »El Universo» por supuestas injurias y daños morales denunciados por Correa, es quizás el más ejemplarizante. La justicia ecuatoriano sentenció a Emilio Palacio, director de opinión del diario en aquel momento, por una columna donde acusaba al mandatario de ordenar al Ejército abrir fuego contra civiles durante una revuelta policial.
Palacio, exiliado desde entonces en Miami, fue condenado a tres años de cárcel y al pago de una multa de 40 millones de dólares, al igual que la directiva del medio. Correa les perdonó finalmente, pero el daño estaba hecho. Las sospechas de que la sentencia fue filtrada por la fiscalía de poco sirven ya. Pero la caza a »El Universo» sentó un precedente, en Ecuador debes elegir entre la autocensura o la censura gubernamental.