La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha admitido la demanda de inconstitucionalidad contra las últimas acciones del Gobierno del presidente Nayib Bukele y ha impuesto una serie de medidas cautelares entre las que se encuentra prohibir a Bukele utilizar a las Fuerzas Armadas para fines contrarios a la Constitución y anular la convocatoria de sesiones del Legislativo por parte del Gobierno.
En concreto, «ordena» a Bukele «que se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarías a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes», según un dictado publicado este lunes.
Bukele, que llegó al cargo el 1 de junio, ha lanzado un Plan de Control Territorial a desarrollar en tres fases con un coste de más de 575 millones de dólares. Ahora se disponía a iniciar la tercera fase, destinada a «modernizar» a las Fuerzas Armadas y la Policía, para lo cual necesitaba que el Congreso diera luz verde a un préstamo de 109 millones de dólares preconcedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).