El Congreso de Guatemala desatascó hoy el proceso para el referéndum sobre la disputa territorial con Belice, al aprobar que la consulta no tenga que celebrarse simultáneamente en ambas naciones limítrofes.
Este era uno de los puntos incluidos en el acuerdo especial firmado en 2008 por el cual ambos países centroamericanos se comprometían a celebrar un referéndum que dotara de aceptación popular la decisión de someter el diferendo a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La disputa territorial obedece a la reclamación guatemalteca de cerca de la mitad del territorio de Belice, antigua colonia británica formada de facto en el siglo XVIII cuando era parte de la Capitanía General instaurada por la corona española en 1540 dentro del Virreinato de Nueva España.
Hasta la fecha, las complicaciones políticas y las diferencias culturales -en Guatemala las elecciones suelen celebrarse en domingo, mientras que en Belice son entre semana- habían imposibilitado la ejecución del acuerdo.
El decreto aprobado por el Congreso guatemalteco, con el apoyo de 88 de sus 158 diputados, abre la puerta a la celebración de la consulta «de forma simultánea o separada, en las fechas más convenientes para las partes», indicó su presidente, Mario Taracena.
«Este es un acuerdo de tipo político internacional con Belice; con ello estamos cooperando para que el tema sea conocido por los guatemaltecos en cualquier fecha», explicó el legislador.
Ante los problemas económicos que podrían surgir por el costo de una consulta popular, Taracena avanzó que se están haciendo «gestiones para obtener apoyo financiero internacional, principalmente con Estados Unidos e Inglaterra».
En julio pasado el ministro de Asuntos Exteriores de Belice aclaró que su país aún tenía que enmendar su legislación sobre la celebración de referendos, pero dijo que el primer ministro, Dean Barrow, había dicho que no estaba dispuesto a modificar la ley beliceña «hasta que los guatemaltecos aprueben el mecanismo».