Según las informaciones recogidas por la agencia estatal turca de noticias, Anatolia, el sobrino de Gulen ha sido sentenciado por sus supuestos lazos con la organización que encabeza su tío, quien vive en Estados Unidos desde 1999 en un exilio autoimpuesto.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y Gulen eran aliados políticos hasta que la Policía y la Fiscalía, supuestos simpatizantes del clérigo, según el Gobierno turco, abrieron una investigación sobre corrupción en 2013 contra varios altos cargos del Ejecutivo.
Entonces, el mandatario turco acusó al clérigo de conspirar y erigir un Estado paralelo para derrocar al Gobierno con ayuda de la Policía y medios simpatizantes.
Desde el golpe, Turquía ha detenido a unas 160.000 personas y ha cesado casi al mismo número de funcionarios civiles, según estimaciones de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De esa cifra total, más de 50.000 personas han sido imputadas y han continuado en prisión durante sus procesos.
El alcance de la persecución de las personas vinculadas con la asonada ha alarmado a las organizaciones de Derechos Humanos y a aliados occidentales de Turquía, que han acusado a Erdogan de haber puesto en marcha una purga para acabar con todos los críticos con su gestión.