«Estados Unidos sencillamente no puede aceptar como algo normal 30.000 muertes por arma de fuego al año», señala la campaña de Clinton en un comunicado en el que resume sus propuestas.
En cuanto a las armas de asalto, fusiles de alta capacidad y de una alta cadencia de tiro, Clinton asegura que «hay que mantenerlas fuera de nuestras calles». «Son un peligro para las fuerzas del orden y para nuestras comunidades», ha añadido.
Este tipo de armamento fue prohibido a nivel federal en 1994, pero la norma caducó en 2004 y desde entonces todos los intentos de reinstaurarla han fracasado en el Congreso.
Clinton defiende además mejorar los controles de antecedentes para impedir a criminales adquirir armas y pone como ejemplo la norma que establece silencio administrativo positivo si la administración no responde a la petición de antecedentes en un plazo de tres días.
Esta «laguna», según Clinton, permitió adquirir armas al asesino de Charleston, que mató a nueve personas en una iglesia metodista negra. Por ello, promete «tiempo y recursos suficientes para completar las comprobaciones de antecedentes antes de que se apruebe la venta» de armas.
ENDURECIMIENTO DE LA NORMATIVA
Igualmente promete un endurecimiento de la normativa para ventas en ferias y a través de Internet y derogar la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas que proporciona una «inmunidad única» a la industria de las armas.
«Los comerciantes y fabricantes deben rendir cuentas si ponen en peligro la vida de los americanos», ha apostillado, una medida que contempla incluso «revocar las licencias de los comerciantes que incumplan las normas».
La iniciativa prevé además prohibir comprar un arma a los culpables de violencia de género. «Aunque la legislación federal prohíbe como norma general que los responsables de violencia doméstica compren o posean armas, pero esta prohibición no se aplica a las personas que están saliendo ni a los acosadores», ha explicado.
Por último, la iniciativa plantea prohibir las compras a través de terceros sin antecedentes para personas condenadas, una práctica que pasaría a ser un delito federal. Además, promete mejorar la ley que prohíbe comprar y tener armas a las personas con enfermedades mentales graves.