El portavoz del Ejecutivo, Remis Dandjinou, ha insistido en que «todas las operaciones de seguridad son llevadas a cabo respetando el principio de proporcionalidad de la fuerza» y ha agregado que las Fuerzas Armadas respetan en todo caso los Derechos Humanos.
Así, ha asegurado que las autoridades «toman notas» de las denuncias formuladas por una organización de defensa de los Derechos Humanos sobre lo ocurrido y ha garantizado que «hay investigaciones en marcha», según ha informado el portal local de noticias Burkina24.
Las palabras de Dandjinou han llegado después de que el Movimiento Burkinés para los Derechos Humanos y de los Pueblos (MBDHP) haya indicado que al menos 60 personas «fueron ejecutadas de forma sumaria» en el marco de la citada operación, llevada a cabo el 2 de febrero.
La organización, que ha llevado a cabo entrevistas con 65 víctimas, familiares y testigos, ha señalado además que estas personas han negado que se produjera un ataque en el lugar antes de la intervención militar.
El Ejército aseguró que catorce civiles habían muerto en un ataque en la localidad de Kain y anunció posteriormente la muerte de 146 presuntos terroristas en el marco de la citada operación.
En este sentido, el presidente del MBDHP, Chrysogone Zougmoré, ha detallado que entre las víctimas mortales hay ocho mujeres, antes de enumerar los nombres de las personas ejecutadas en sus viviendas mientras dormían.
«Hay algunos a los que se hizo salir y presentar su documentación. Pese a que la presentaron, fueron ejecutados», ha criticado. Además, ha resaltado que en el lugar han sido recuperados más de 200 casquillos de bala.
Zougmoré ha alertado además de que las Fuerzas Armadas «inspiran inquietud y miedo» a las poblaciones de las zonas visitadas, en las que los peul son mayoría. «De hecho, según diversas fuentes, los terroristas no dudan a la hora de presentarse como defensores de las poblaciones ante los excesos del Ejército», ha dicho.
«Esta postura constituye su principal argumento para incrementar su base social y hacerse con la simpatía de las poblaciones en las zonas en las que operan», ha sostenido, tal y como ha recogido el portal local de noticias Minute.
La operación tuvo lugar poco después de la llegada de Chérif Sy al cargo de ministro de Defensa y de Moise Minoungou al de jefe del Estado Mayor del Ejército, en medio de la crisis de seguridad que atraviesa desde hace meses Burkina Faso.
AUMENTO DE LA INSEGURIDAD
Burkina Faso ha registrado en los últimos meses una creciente actividad de grupos yihadistas. En el país operan Ansarul Islam, un grupo terrorista autóctono, así como el Grupo para el Apoyo del Islam y los Musulmanes (JNIM), una organización yihadista que aglutina a otras cuatro, entre ellas AQMI y Al Murabitún, y en menor medida Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS).
Según el »think-tank» Africa Center for Strategic Studies (ACSS), el número de ataques obra de estos grupos pasó de tan solo tres en 2015, a doce en 2016, 29 en 2017 y 137 en 2018.
Además, también se ha intensificado la violencia intercomunitaria, que enfrenta principalmente a pastores con agricultores y que ha provocado el desplazamiento de miles de personas. A principios de este año una serie de ataques y represalias dejó cerca de medio centenar de muertos y provocó miles de desplazados.
A principios de febrero de 2017, el G-5 del Sahel –integrado por Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger– acordó formar una fuerza antiterrorista conjunta para hacer frente a la amenaza yihadista en la región.
Apenas unas semanas antes, la Autoridad de Liptako-Gourma, creada en 1970 por Níger, Burkina Faso y Malí, anunció su decisión de establecer una fuerza conjunta para hacer frente a la inseguridad en la zona fronteriza común.