Jueves 08/12/2016.

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Bruselas permite a España pedir más capital a las cajas no cotizadas y tendrá en cuenta las provisiones genéricas

Las entidades europeas necesitarán aumentar su capital en 460.000 millones de euros hasta 2019 para cumplir con Basilea III
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La Comisión Europea ha avalado este miércoles la decisión de España de exigir más capital a las cajas de ahorros que no cotizan (un 10% frente al 8% que deben tener el resto de las entidades).

Bruselas acepta así dejar margen de maniobra a los supervisores nacionales para ser más estrictos en la aplicación de las reglas internacionales Basilea III de refuerzo del capital de los bancos, tal y como habían reclamado países como España, Reino Unido o Suecia.

El Ejecutivo comunitario ha presentado este miércoles su propuesta legislativa para aplicar Basilea III en la UE. La norma fija un capital del 8% de los activos ponderados por riesgo. De este capital, la cuota que debe ser de la mayor calidad ('common equitiy tier 1') aumenta del 2% al 4,5% y el 'tier 1' del 4% al 6%.

Bruselas reconoce como capital tanto las provisiones genéricas españolas como las 'participaciones silenciosas' alemanas siempre que puedan absorber pérdidas, al contrario de lo que ocurrió en los test de estrés, que no contabilizaron estas participaciones, lo que se tradujo en el suspenso de cinco entidades españolas y una alemana.

Además de estos requisitos, la norma introduce dos colchones de capital: uno del 2,5% idéntico para todas las entidades de la UE y un colchón anticíclico que deberá fijarse a nivel nacional.

El objetivo de estas medidas es reforzar la resistencia del sector bancario europeo para que pueda soportar mejor crisis económicas y seguir ejerciendo su función de financiar la economía.

En general, Bruselas suprime la posibilidad de que los Estados miembros exijan a sus bancos tener más capital. Se trata de limitar las distorsiones de competencia e impedir que las entidades concentren sus actividades de más riesgo en los países que sólo apliquen los requisitos mínimos.

No obstante, para responder a las preocupaciones de España y otros países, la norma permitirá a los supervisores nacionales fijar requisitos de capital más altos para una entidad o grupo de entidades en caso de que estén particularmente expuestos al sector inmobiliario o de que un análisis de riesgo demuestre que es necesario. Este supuesto cubriría el caso de las cajas españolas que no cotizan.

Además, la Comisión acepta que España haya adelantado la aplicación de Basilea III, que en el resto de la UE no se aplicará plenamente hasta el 1 de enero de 2019.

COSTES Y BENEFICIOS

A fin de mejorar la resistencia a corto plazo del perfil de riesgo de liquidez de las entidades financieras, la Comisión propone la introducción de un coeficiente de cobertura de liquidez en 2015, cuya composición y calibración exactas se determinarán tras un período de observación y examen.

Para limitar el exceso de endeudamiento en los balances de las entidades de crédito y empresas de inversión, Bruselas quiere también establecer un coeficiente de apalancamiento sujeto a revisión supervisora. Las implicaciones de tal coeficiente se examinarán detenidamente antes de su posible transformación en un requisito vinculante el 1 de enero de 2018.

En consonancia con la política de la Comisión con respecto a los derivados no negociados en mercados regulados, se introducen modificaciones para alentar a los bancos a compensar dichos derivados a través de entidades centrales de contrapartida.

Finalmente, la norma prevé multas de hasta el 10% del volumen de negocios anual para las entidades incumplidoras. Y obliga a los bancos a realizar sus propios análisis de riesgo para reducir la dependencia de las notas de las agencias de 'rating'.

Bruselas calcula que las entidades europeas necesitarán aumentar su capital en 460.000 millones de euros de aquí a 2019 para cumplir la normativa, que provocará una disminución del PIB de entre el 0,14% y el 0,17% en la UE por cada punto porcentual de incremento del capital de máxima calidad. Pero los beneficios netos serán un incremento de entre el 0,3% y el 2% del PIB de la UE por la reducción de las crisis financieras sistémicas.

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