Lunes 24/09/2018.

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La Asamblea de Ecuador declara improcedente la petición de apertura de un procedimiento judicial contra Correa

La Asamblea de Ecuador ha declarado este jueves improcedente la solicitud presentada por la jueza de Garantías Penales Daniella Camacho para abrir un proceso judicial contra el expresidente Rafael Correa por su presunta vinculación al secuestro del exdiputado opositor Fernando Balda en 2012.

Con 83 votos a favor, dos en contra y trece abstenciones, la petición ha sido declarada improcedente, según ha recogido la cadena Telesur.

Los diputados han aceptado así la moción presentada por Fernando Burbano, que propuso devolver la solicitud a la jueza de Garantías Penales dado que "no compete al Parlamento autorizar la apertura de un proceso judicial contra el expresidente, tal y como recoge la Constitución".

"Una mayoría parlamentaria se burla de la Constitución y la justicia y en lugar de autorizar el levantamiento de la inmunidad se declaran incompetentes. Todo debería ser nulo", ha destacado Correa en su cuenta de Twitter.

Al término de la votación, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, ha clausurado la sesión, lo que deja ahora en manos de la Justicia ecuatoriana la decisión de abrir o no un procedimiento contra Correa. La resolución aclara que la autorización de la Asamblea sólo es necesaria cuando el presidente aún ocupa el cargo.

Varios grupos de manifestantes se han reunido en las inmediaciones del Parlamento y han exigido que la solicitud contra el exdirigente sea rechazada.

La Fiscalía ha asegurado esta semana que tiene pruebas suficientes para investigar a Correa por su presunta relación con el rapto de Balda, que denunció ante el fiscal Paúl Pérez que fue víctima de un secuestro en 2012 en Bogotá, la capital de Colombia, donde residía entonces. Según su declaración, el secuestro habría sido ordenado por varios altos cargos del Gobierno de Correa.

El exdirigente, por su parte, ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que se trata de una persecución política. Balda, que actualmente vive en Quito, ha acusado a los agentes de Inteligencia de Ecuador de haber planificado su secuestro y ha vinculado a varios policías colombianos con el suceso.

Al menos tres agentes de la Policía y dos exdirectores de los Servicios de Inteligencia de Ecuador han sido imputados en el marco del caso. La Justicia colombiana ha condenado a otras cuatro personas relacionadas con el secuestro.

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