En un comunicado, la organización ha condenado este martes el excesivo uso de la fuerza contra los manifestantes y ha reclamado el cese de «todas las transferencias» de armas ligeras, de municiones y de equipos de seguridad internas «que puedan utilizarse para suprimir violentamente los Derechos Humanos, como gases lacrimógenos, balas de goma y de plástico y vehículos blindados».
«Es inaceptable que se suministre al Ejército egipcio determinados tipos de armas, municiones y otros equipos utilizados para llevar a cabo los actos brutales que se han visto contra los manifestantes», denunció la subdirectora para Oriente Próximo y Norte de África de Amnistía Internacional, Hassiba Hadj Sahraoui.
«Está claro que, o la Policía Militar ha recibido la orden de dispersar a los manifestantes a cualquier precio, o el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no controla al Ejército ni a las fuerzas de seguridad. Cualquiera de los dos escenarios es igual de preocupante», prosiguió.
LA REPRESIÓN
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas negó ayer lunes que los agentes del orden hubieran hecho un uso desproporcionado de la fuerza durante las protestas y ha acusado a otras fuerzas, que no ha identificado, de tratar de sembrar el «caos» en el país.
Al menos trece personas han muerto desde el pasado viernes en el curso de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes contrarios al régimen militar en El Cairo, según fuentes médicas. El Ministerio de Sanidad ha informado de once muertos y cientos de heridos.
Aparte, varias organizaciones locales de Derechos Humanos acusaron ayer lunes al Ejército egipcio de ejercer «una violencia sin precedentes contra los manifestantes», de forma especial contra «las activistas femeninas, como aparece en las imágenes y vídeos en los que las manifestantes son arrestadas, golpeadas, arrastradas y desnudadas».
Asimismo, según Amnistía, al menos 300 personas han sido detenidas a lo largo de estos cuatro días, entre ellas al menos once mujeres y numerosos menores de edad, incluido «un niño de diez años de edad». Medio centenar de estas personas fueron detenidas durante unas horas y liberadas posteriormente.
«Todas ellas fueron, según los informes, duramente golpeadas y las que permanecen en prisión han sido privadas de tratamiento médico», agregó Amnistía Internacional.