La organización asegura en un comunicado que «cartas oficiales filtradas que Amnistía Internacional acaba de conocer ponen de manifiesto que el gobierno iraní ha ignorado reiteradamente las peticiones presentadas por altos cargos responsables de la gestión de las prisiones de Irán para que les faciliten más recursos a fin de controlar la propagación de la COVID-19 y tratar a las personas presas infectadas. La organización ha examinado copias de cuatro cartas, firmadas por funcionarios de la Organización Penitenciaria de Irán, que está bajo la supervisión de la Magistratura, y dirigidas al Ministerio de Salud, en las que se da la voz de alarma por la grave falta de material de protección, productos desinfectantes y equipo médico esencial. El Ministerio de Salud no ha respondido a las cartas, y las prisiones iraníes siguen padeciendo una falta catastrófica de material para responder a los brotes de la enfermedad».
Lo especificado en las cartas contrasta totalmente, según explican, con las declaraciones públicas de Asghar Jahangir, ex director de la Organización Penitenciaria y actual asesor del presidente de la Magistratura, quien ha alabado las iniciativas “ejemplares” tomadas por Irán para proteger a las personas presas de la pandemia y ha negado las denuncias de aumento de los índices de infección y de muertes relacionadas con la COVID-19 en las prisiones como consecuencia del hacinamiento, las condiciones de insalubridad y la falta de acceso a servicios de salud.
“Estas cartas oficiales prueban claramente la terrible falta de medidas del gobierno para proteger a las personas presas. Las solicitudes de productos desinfectantes, material de protección y equipo médico, que se necesitan con urgencia, se vienen ignorando desde hace meses. Esta situación es especialmente alarmante si se tiene en cuenta que en las cartas se advierte también de la presencia de una población sumamente vulnerable en las prisiones iraníes”, ha afirmado Diana Eltahawy, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“El hacinamiento, la mala ventilación, la falta de saneamiento y material médico básicos y la desatención deliberada de los problemas de salud de las personas presas están convirtiendo las prisiones iraníes en terreno abonado para la COVID-19. Las autoridades iraníes deben dejar de inmediato de negar la crisis existente en las prisiones del país en materia de salud y tomar con urgencia medidas para proteger la salud y la vida de las personas presas.”
El director del departamento de salud de la Organización Penitenciaria dirigió por primera vez una carta al Ministerio de Salud de Irán el 29 de febrero de 2020. Hubo cuatro cartas más, presentadas el 25 de marzo, el 12 de mayo, el 14 de junio y el 5 de julio de 2020, que Amnistía Internacional ha visto.
En la del 25 de marzo de 2020, se piden productos desinfectantes y material de protección para tres meses, incluidas “5.400.000 mascarillas, 100.000 mascarillas N95, 3.600,000 guantes de látex, 10.00.000 guantes de plástico, 450.000 litros de desinfectante para las manos y 1.000.000 de litros de desinfectante para superficies, 5.000 pantallas faciales, 5.000 gafas de protección, 5.000 batas de protección, 300 sistemas de ventilación del aire y 250 máquinas de desinfección”. En la carta se pone también de relieve la necesidad urgente de fondos para adquirir centenares de dispositivos médicos esenciales, como monitores de nivel de glucosa en sangre y de presión arterial, termómetros, oxímetros de pulso, estetoscopios y desfibriladores.
Aunque no se explica en la carta a cuántas prisiones irían destinados estos materiales y dispositivos, las cifras hacen temer que exista una grave escasez de ellos en todo el país.
En la carta se advierte de que la inacción generará “riesgos de seguridad” y “daños irreparables”, dado, en particular, que las prisiones iraníes están “llenas de personas que tienen problemas médicos preexistentes, consumen drogas y/o sufren malnutrición, anemia y enfermedades infecciosas como VIH, hepatitis y tuberculosis”. También se indica que las prisiones del país albergan a “[personas] de edad avanzada, mujeres embarazadas, y madres lactantes con sus bebés, cuyo sistema inmunitario es frágil debido a su bajo nivel socioeconómico y de higiene”.
«En las cartas posteriores se reiteran estas solicitudes y se señala la ausencia de respuesta del gobierno. En la última carta examinada por Amnistía Internacional, fechada el 5 de julio de 2020, un alto cargo de la Organización Penitenciaria afirma que no han recibido ninguna respuesta del Ministerio de Salud y pide una reunión urgente», concluyen.