«Las deliberadas políticas del Gobierno de Irak de cambiar la demografía de Bagdad son un crimen», han sostenido en un comunicado, en el que aseguran que el nuevo diseño social de la capital obedece a «la ideología política» de las autoridades chiíes.
Muhammad Naji, un diputado chií, ha negado estas acusaciones. «Soy el encargado de la seguridad de uno de los barrios de la periferia de Bagdad y tenemos una gran relación con las tribus suníes», ha sostenido.
Naji ha subrayado que, «como combatientes voluntarios», el Gobierno «se está encargando de proteger a los suníes frente al Estado Islámico», que ha llevado a cabo varios ataques de represalia contra las tribus de esta secta musulmana que apoyan a las autoridades iraquíes.
Así, ha considerado que el objetivo de esta denuncia «es aumentar la sedición entre el pueblo iraquí», caracterizado por su profunda fragmentación por motivos étnicos y religiosos.