Lunes 24/09/2018.

Informe de Amnistía Internacional

Mundo

Los militares en el poder en Egipto, acusados de ser peores que Mubarak

  • Un informe de Amnistía Internacional ha afirmado en su último informe que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en el poder desde la caída de Mubarak, ha "asfixiado" el movimiento por el cambio en el país.
  • Según Amnistía, con los militares en el poder se han cometido torturas y juicios militares a civiles.
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  • Enfrentamientos en la Plaza Tahrir. AFP

En su informe 'Promesas rotas: los gobernantes militares de Egipto socavan los Derechos Humanos', la organización ha documentado la actuación del Ejército en el campo de los Derechos Humanos tras la caída de Mubarak, en el mes de febrero.

La publicación del documento llega después de varios días en los que las Fuerzas Armadas han lanzado una dura campaña de represión contra los manifestantes que piden la transición hacia un Gobierno civil, y que ha dejado ya decenas de fallecidos y cientos de heridos entre los concentrados en la plaza Tahrir, punto emblemático de las protestas ciudadanas contra Mubarak.

"Con el uso de los tribunales militares para juzgar a miles de civiles, la represión contra las protestas pacíficas y la extensión de la vigencia de la Ley de Emergencia de Mubarak, el Consejo Supremo ha continuado con la tradición de mandato represivo contra el que los manifestantes del 25 de enero lucharon duramente", ha dicho el director del AI para Oriente Próximo y Magreb, Philip Luther.

"Aquellos que han desafiado o criticado al Consejo Supremo, como manifestantes, periodistas, blogueros, huelguistas, han sido suprimidos sin piedad, en un intento de silenciar sus voces", ha agregado.

"El balance de la actuación en Derechos Humanos del Consejo Supremo muestra que, tras nueve meses al frente del país, los objetivos y aspiraciones de la revolución del 25 de enero han sido aplastados.

La respuesta dura y con mano de hierro a las protestas en los últimos días superan todos los récords de la era Mubarak", ha apuntado Luther.

Así, AI ha subrayado que el Gobierno militar ha cumplido pocas de las promesas realizadas en sus múltiples alocuciones públicas y que la situación en algunas áreas ha empeorado aún más. En agosto, el Consejo Supremo admitió que alrededor de 12.000 civiles de todo el país habían sido juzgados por tribunales militares y que, al menos, trece habían sido condenados a muerte.

USO DE MATONES Y TORTURA

AI ha puntualizado que tiene informes persistentes que apuntan al uso de matones armados o 'baltagiyas' para atacar a los manifestantes. Ésta fue una táctica utilizada por Mubarak para suprimir las protestas e infundir miedo de cara a evitar manifestaciones futuras.

Además, la organización ha subrayado que el uso de tortura durante la detención ha continuado durante el Gobierno militar.

En septiembre circuló un vídeo en el que soldados y policías aparecían dando una paliza y 'electroshocks' a dos manifestantes, pero tras llevar a cabo una investigación, el fiscal militar rechazó el vídeo por ser un "montaje" sin dar más detalles.

AI ha acusado al Consejo Supremo de usar promesas de investigaciones para evitar las críticas sobre violaciones de los Derechos Humanos, pero ha fracasado a la hora de cumplir. Según la organización, ninguno de los responsables de estos abusos ha sido llevado ante la justicia.

"En un ejemplo claro, el Consejo Supremo anunció el 28 de marzo que investigaría el uso de 'tests de virginidad' forzosos por parte del Ejército para intimidar a 17 mujeres manifestantes el 9 de marzo, pero no se ha hecho pública ninguna información sobre la investigación. Por contra, la única mujer que ha presentado una queja contra el Consejo ha sido sometida a persecuciones e intimidación", ha manifestado AI en su último informe.

AI también ha declarado que fuerzas militares han llevado a cabo desalojos forzosos de los residentes de los barrios pobres de Egipto después de que asumieran funciones policiales a principios de 2011, y ha solicitado que se ponga fin a esta práctica.

Asimismo, la organización humanitaria ha solicitado a las autoridades egipcias, incluyendo el Consejo Supremo, restaurar la confianza en las instituciones públicas a través de la investigación correcta y transparente de los abusos cometidos contra los Derechos Humanos y la supresión de la Ley de Emergencia.

Pese a que el secretario general de AI, Salil Shetty, solicitó en junio la supresión de la misma, en septiembre el Gobierno decidió extenderla para cubrir delitos como bloquear el tráfico y las carreteras, publicar rumores en los medios de comunicación, poseer y comerciar con armas y "asaltar la libertad a trabajar". Los detenidos bajo esta ley son juzgados ante tribunales especiales conocidos como Tribunales Supremos de Seguridad del Estado.


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