Jueves 17/05/2018.

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PUIG Y GARCÍA-PAGE PRESENTAN UNA DECLARACIÓN CONJUNTA PARA LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y el de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, presentaron este sábado una declaración conjunta consensuada que contempla una serie de premisas para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, la cual debe avanzar a su juicio hacia un modelo que supere el "absoluto desequilibrio" existente y la insuficiencia financiera del conjunto de las comunidades autónomas.

Ambos dirigentes mantuvieron una reunión de trabajo en el Palau de la Generalitat Valenciana con el objetivo de acordar una postura común para ambas comunidades en la cuestión de la financiación autonómica, en la que participaron también el consejero valenciano de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Alfonso Ruíz Molina.
Este encuentro se produce tras el acuerdo del Consell de solicitar al presidente del Senado, Pío García-Escudero, la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas y la intervención de Puig en ella para valorar los efectos que tiene el retraso en la reforma del modelo de financiación autonómica sobre el conjunto de las comunidades autónomas y, en particular, el perjuicio que el actual sistema tiene sobre la Comunidad Valenciana.
En declaraciones a los medios de comunicación, los dos presidentes autonómicos han destacado el "esfuerzo" realizado por parte de ambas comunidades "para alcanzar una posición común", tanto en el diagnóstico de la situación como en los planteamientos, y han coincidido en que la reforma de la financiación debe abordarse cuanto antes "sin excusas", desde "la perspectiva de la unión y no de la confrontación".
Evitar el debate entre territorios y poner en el centro las necesidades de la ciudadanía es la primera premisa de la declaración conjunta; lo que, de acuerdo con el documento, contribuirá a "mejorar el funcionamiento del Estado del Bienestar".
Tal y como han explicado, el acuerdo entre las dos comunidades contempla también la convocatoria "lo antes posible" de la Conferencia de Presidentes para "poner al día" los problemas y el estado actual de la financiación autonómica.
"Hoy sumamos dos comunidades autónomas", ha señalado Puig, quien ha incidido también en que "no basta" con que las comunidades autónomas tengan más diálogo, sino que es necesario que el Gobierno central "recupere la lealtad institucional y asuma el deber de la palabra dada", cumpliendo así con lo acordado en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017.
"DESGASTE DE LA CONFIANZA"
Para el jefe del Consell, esta situación de incumplimiento se traduce en "un desgaste en la confianza de las instituciones" e implica "una incapacidad financiera de las comunidades autónomas" a la hora de proporcionar los servicios públicos fundamentales.
Es por ello que la declaración presentada este sábado por Puig y García-Page afirma que el futuro modelo de financiación debe reconocer la insuficiencia financiera de las comunidades autónomas y debe "blindar" y "proporcionar estabilidad" a la prestación de los servicios sociales, la sanidad y la educación, tal y como ha indicado el presidente de Castilla-La Mancha.
El documento contempla también, en tercer lugar, la necesidad de construir un sistema que equipare en recursos a las distintas regiones y que garantice que "todos los ciudadanos, independientemente del territorio en el que residan y de su capacidad fiscal", tengan derecho a acceder "a un nivel equivalente de servicios públicos".
Por otro lado, ambos dirigentes han apelado al principio de lealtad institucional, tanto entre el Estado y las comunidades autónomas como entre estas últimas, cuestión que se refleja también en la declaración institucional firmada por la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha.
Otras cuestiones que contempla el acuerdo, tal y como han explicado Puig y García-Page, son la necesaria adopción de un proceso de armonización fiscal que evite la competencia fiscal desleal y salvaguarde la corresponsabilidad fiscal, la distribución equilibrada del déficit entre las administraciones públicas y, finalmente, la reestructuración y rebaja de la deuda que soportan las autonomías, en reconocimiento de que una parte fundamental de esta es producto de la insuficiencia de ingresos.

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