Jueves 20/09/2018.

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MADRID. 3,1 MILLONES AL FONDO PATRIMONIAL DE LA AGENCIA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó hoy un gasto de 3.190.751,50 euros como aportación en 2018 al fondo patrimonial de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA), que permitirá seguir protegiendo a las personas que han sido incapacitadas judicialmente por diversos motivos, explicó el portavoz del Ejecutivo, Ángel Garrido.

Dicha aportación, señaló, que supone el 50% de la dotación presupuestaria consignada para el presente ejercicio (6.381.503 euros, un 3 % más que en 2017), se considera necesaria, inicialmente, para atender las necesidades de financiación de la AMTA, sin perjuicio de que a lo largo del presente ejercicio, en función de las necesidades de financiación de la citada agencia, sea precisa una nueva aportación.
Indicó que este crecimiento presupuestario permitirá dotar a la agencia de más personal, respondiendo así al mayor incremento de las tutelas, además de cumplir uno de los objetivos prioritarios para el Gobierno regional previstos en el Plan Estratégico de AMTA 2016-2021.
La AMTA es un ente público con personalidad jurídica propia, dependiente de la Comunidad de Madrid, que se encarga de prestar la asistencia y protección social y jurídica a aquellas personas que han sido incapacitadas judicialmente (o están en proceso de incapacitación) y que residen en región.
Además, es la entidad pública tutelar más grande de España y en la actualidad gestiona 2.691 tutelas permanentes, 36 tutelas provisionales, 393 curatelas y 39 administraciones provisionales.
El perfil de las personas que usan el servicio de tutela de la Agencia es un 54% mujeres y un 46% hombres, con una media de edad de 60 años.
Si se analizan las causas de incapacidad, la variedad de patologías existentes requiere un conocimiento específico y una intervención social diferente en cada caso. En cuanto a la capacidad económica, las personas tuteladas apenas tienen recursos económicos y casi el 65% tienen menos de 10.000 euros anuales.
Se trata de personas que no tienen recursos, a las que no solo hay que gestionarles plaza pública, sino que también cualquier gasto que necesite tiene que ser apoyado por la Comunidad de Madrid.
La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos cuenta con su primer Plan Estratégico para el período 2016-2021, donde se ha marcado la hoja de ruta de la Comunidad de Madrid en materia tutelar.
Este plan contempla cinco líneas de actuación dirigidas hacia la mejora de la atención a las personas tuteladas, la sensibilización y participación social, el asesoramiento, la formación y la especialización.
Garrido afirmó que la Comunidad de Madrid ya está trabajando en estas cinco líneas de actuación, poniendo en marcha medidas que dan respuesta a los objetivos planteados. Entre las medidas de mayor relevancia, el Plan Estratégico de la AMTA contempla la bajada de la ratio por profesional, con el objetivo de llegar a entre 35 y 40 personas tuteladas por trabajador social.
EN PROCESO DE MODERNIZACIÓN
Asimismo, señaló, la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos está inmersa en un ambicioso proceso de modernización tecnológica, lo que está permitiendo optimizar y mejorar la labor que desarrolla. La agencia cuenta con la aplicación de gestión de tutela denominada Peiton, que se ha convertido en un modelo para el resto de España.
Garrido destacó que gracias a esta aplicación se puede conocer en tiempo real todo lo referente a la persona tutelada de manera totalmente fiable y que la rendición de cuentas anual es el principal mecanismo de control por parte del juzgado en el ejercicio del cargo por parte del tutor.
A su juicio, la intervención del fiscal en el control judicial de las tutelas es fundamental y este innovador sistema de rendición de cuentas empleado por la agencia ofrece una gran seguridad jurídica al no precisar de intervención humana en el proceso, lo que ha sido avalado tanto por los juzgados como por la Fiscalía Superior de Madrid, con la que se ha firmado un convenio por el que todos los fiscales pueden acceder a todo el expediente económico de las personas tutelados a través de sus ordenadores o dispositivos. "Esto facilita enormemente su importante labor de fiscalización de la actividad del tutor", concluyó.

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