Jueves 11/10/2018.

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MADRID. GARRIDO EXPLICA LOS DETALLES DE LA AGRUPACIÓN DE JUZGADOS EN LA ZONA DE SAN BLAS

El consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, adelantó hoy en el Pleno de la Cámara regional que se está ultimando la puesta en marcha de un “nuevo núcleo penal” en la ciudad de Madrid, en la zona de San Blas, que concentrará en tres edificios, situados en un radio de 100 metros, un total de 56 juzgados, con espacio adicional para nuevos órganos judiciales.

Dijo que en la elaboración de este proyecto se ha tratado con especial atención todo lo que afecta a las víctimas de delito que son más vulnerables, como las víctimas de violencia de género o los menores de edad.
Además, explicó que esta reorganización de sedes judiciales supone un aumento de la superficie judicial de 12.000 metros cuadrados y permite mejorar la infraestructura de la Oficina de Atención a las Víctimas; garantizar que se preserva la intimidad y dignidad de las víctimas de delitos; y asegurar que víctimas y agresores no coinciden en las dependencias judiciales, estableciendo además recorridos internos diferenciados en los propios juzgados.
También señaló que el proyecto “permite que la comparecencia de los menores de edad ante los órganos judiciales se realice de forma adecuada a su situación” y manifestó que se mejorarán las condiciones de las “salas amigables” donde se recoge el testimonio de los menores y se va a incrementar el uso de cámaras de videoconferencia para evitar el contacto físico y visual con los presuntos agresores.
CÁMARAS GESELL
Garrido anunció que se implantarán dos cámaras Gesell, tanto en uno de los edificios del nuevo núcleo penal como en los juzgados de Plaza de Castilla. Explicó que la cámara Gesell es una sala acondicionada para que el menor o víctima del delito trate, en exclusiva, con el psicólogo o profesional que le atiende. En una habitación contigua, separada por un espejo espía, las partes (juez, fiscal, secretario, abogados) siguen el interrogatorio y participan de él mediante una comunicación con el psicólogo o profesional, a través de pinganillo.
La declaración se graba y queda como prueba preconstituida, evitando que la víctima tenga que repetirla durante la vista oral. El consejero ha apuntado, también, que la puesta en marcha del nuevo núcleo penal implicará una mejora en el acceso a los edificios judiciales para las personas con algún tipo de discapacidad.
Informó de que el nuevo núcleo penal en Madrid capital estará formado por una nueva sede de 20.596 metros cuadrados en la calle Albarracín 31 y por las que ya existen en las calles Julián Camarilo 11 y Hermanos García Noblejas 37.
Los tres edificios concentrarán 31 juzgados de lo Penal más uno de refuerzo, seis juzgados de lo Penal de Ejecutorias, 11 juzgados de Violencia sobre la Mujer y siete juzgados de Menores. Además, hay espacio en reserva para nuevos órganos judiciales.
Este núcleo penal, que estará en marcha tras el verano, completa al que ya existe en Plaza de Castilla, con 54 juzgados de Instrucción, seis juzgados de Vigilancia Penitenciaria y el juzgado de Guardia.
Garrido dijo que “con esta actuación, seguimos avanzando en la renovación programada y paulatina de las sedes judiciales, uno de los objetivos principales de nuestro plan de mejora para las infraestructuras judiciales de la Comunidad de Madrid, cuya inversión hemos casi triplicado en 2018, hasta alcanzar los 19,7 millones de euros, lo que supone también multiplicar por 30 el presupuesto de 2015”. Aseguró que el Gobierno regional seguira trabajando de manera programada y, siempre, “en estrecha colaboración con los profesionales de la Justicia”.
El portavoz manifestó que una de las prioridades del plan para la modernización de las sedes judiciales es la reagrupación de sedes, con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios de la Administración de Justicia a los ciudadanos, así como de optimizar las condiciones de trabajo y seguridad de quienes trabajan en los juzgados.
La unificación de sedes judiciales permitirá acabar con los problemas que genera la dispersión, como disfunciones administrativas o suspensiones de juicios por no asistencia de las partes, así como reducir gastos en materia de mantenimiento o transporte de documentación entre las sedes.

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