Viernes 09/12/2016.

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MADRID. PIDEN A CIFUENTES LA CONTINUIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES DE LA CÁRCEL DE NAVALCARNERO

- Ciudadanos propone que la Comunidad asuma las competencias en materia de atención sanitaria penitenciaria. David Barriopedro, presidente de la Asociación Punto Omega, que gestiona la Unidad de Atención al Drogodependiente del Centro Penitenciario Madrid IV Navalcarnero, pidió hoy a la Comunidad de Madrid que no suspenda el convenio que ha permitido hasta la fecha prestar sus servicios en dicha prisión, que se iniciaron hace 23 años.
Los portavoces de todos los grupos parlamentarios respaldaron la petición, menos el PP que defendió las tesis de la Comunidad para suspender el citado convenio.
Barriopedro, que compareció en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid para informar sobre esta unidad, explicó que desde hace 23 años la Comunidad financia esta actividad, que se presta por psicólogos, trabajadores y educadores sociales.
Aseguro que este servicio es “necesario, eficaz, eficiente y singular” porque no se presta ninguno igual en los demás centros penitenciarios de la Comunidad, además de “accesible” para todos los reclusos de la región. Según afirmó, la “Comunidad tiene la competencia para prestar este servicio y debe seguir prestándolo”.
Asimismo, explicó que este servicio se ha prestado durante 23 años al amparo del convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y Punto Omega con el objetivo de “favorecer la asistencia y el tratamiento al penado drogodependiente para facilitar su reinserción e integración social”.
También indicó que en junio de 2015 Punto Omega recibió una carta de la Dirección General de Salud Pública en la se destacaban los “excelentes resultados” de su programa en la cárcel de Navalcarnero y se consideraba “adecuada su continuidad”.
Dijo que, tras recibir esta carta, “pensábamos que la continuidad estaba asegurada”, pero en julio de este año recibieron otra explicando que el convenio se daba por “concluido sin posibilidad de prórroga”.
La Comunidad alegó “falta de competencias” de la Consejería de Sanidad para atender casos de drogodependencia en centros de internamiento. Barriopedro dijo que no comparte esa tesis y aclaró que si ellos no prestan ese servicio, los internos no serán atendidos por nadie.
La diputada de Podemos Mónica García apoyó la petición de Punto Omega y señaló que hay que “renegociar”, ya que no entiende que se “suspenda un programa de éxito”.
Opinó de la misma manera la diputada socialista Isabel Ardid, quien pidió a Sanidad que “reflexione” porque “todavía estamos a tiempo” de garantizar la continuidad del citado programa.
El diputado del PP Diego Sanjuanbenito, manifestó que es “casi imposible negar las medidas exitosas del programa” pero insistió en que ”hay un conflicto de competencias”. Afirmó que su grupo está dispuesto a debatir este asunto y que la Comunidad apoya la continuidad de este tipo de programas.
La diputada de Ciudadanos Marta Marbán apoyó la petición de Punto Omega y declaró que su grupo presentará próximamente una proposición no de ley para integrar la sanidad penitenciaria en el sistema regional de salud. Afirmó que esta propuesta “ayudaría a solucionar el problema”.
En esta iniciativa de Ciudadanos, a la que tuvo acceso Servimedia, se reclama al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno de España a “llevar a cabo las actuaciones necesarias para que, de forma inmediata, la Comunidad de Madrid asuma las competencias en materia de atención sanitaria penitenciaria, en aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud”.
En la misma propuesta se aclara que “la asunción de la mencionada competencia deberá ir, ineludiblemente, acompañada de la financiación necesaria para su ejecución”. El autor de la iniciativa, el diputado Daniel Álvarez Cabo, expone en la iniciativaq que “los nuevos retos a los que se enfrenta la sanidad hacen que cada vez el sistema sanitario penitenciario se vea más alejado de los estándares utilizados en los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas tanto en medios como en formación”.
A su juicio, “esta situación repercute de forma negativa entre la población reclusa condicionando una asistencia sanitaria que cada día que pasa se aleja más de la que se ofrece a las personas en libertad”.

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