Para poder ejecutar el compromiso a la declaración, el consistorio adaptará a la realidad de la ciudad el sistema de indicadores educativos que estipula la declaración, lo coordinará con los instrumentos que ya existen y hará una revisión bianual del grado de cumplimiento, que tendrá que ser avalada en el Pleno del Ayuntamiento.
La Declaración de Incheon está firmada por 184 países –entre ellos el Estado– y afirma que la educación es un bien público, un derecho humano fundamental y la base para garantizar la realización de estos derechos, y además, pone énfasis en que las limitaciones económicas o la discriminación no eviten que todo el mundo pueda recibir una educación de calidad a lo largo de su vida.