Martes 14/11/2017.

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(AMPLIACIÓN) MADRID. AHORA MADRID ADMITE QUE SE DEJARÁN DE EJECUTAR PROYECTOS SOCIALES TRAS LA DENEGACIÓN DEL PEF

- Sánchez Mato afirma que en junio de 2015 se encontró un gasto 244 millones superior al permitido para todo el año. El concejal de Ahora Madrid Pablo Carmona admitió implícitamente este martes que se dejarán de ejecutar inversiones sociales tras la nueva denegación del Plan Económico Financiero (PEF) del Ayuntamiento de Madrid, al deslizar que “ahora toca ver qué proyectos hay que tumbar”.
Lo hizo en la sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda a petición del PP y Ciudadanos para que explique la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento tras rechazar el Ministerio de Hacienda y Función Pública el nuevo Plan Económico Financiero y exigir información semanal de las cuentas municipales.
Carmona, que además dijo que “evidentemente” se recurrirá la decisión del Ministerio, reconoció así lo que no llegó a verbalizar el delegado del ramo, Carlos Sánchez Mato, quien en cambio reveló que, cuando llegó al Gobierno municipal en junio de 2015, el exceso de gasto sobre el permitido para todo el año iba ya por los 244 millones. Finalmente, lo dejó en 16.
PP y Ciudadanos insistieron en recriminar a Sánchez Mato que no haya cumplido la legalidad, incluso de forma deliberada para la confrontación política, en tanto que el delegado y el PSOE reiteraron su tesis de que la interpretación de la regla de gasto es injusta y lesiva para un ayuntamiento, como el de Madrid, que tiene estabilidad en sus cuentas, y lo atribuyeron a una intención política y de sanear las cuentas del Estado a costa de los municipios.
Esta noche, según anunció ayer la alcaldesa, Manuela Carmena, el Ayuntamiento enviará al Ministerio una comunicación del “cumplimiento de las medidas” ordenadas por éste, pero Sánchez Mato, al final de la comisión, no quiso avanzar cuáles serán las actuaciones concretas. Sólo que la única diferencia es que Hacienda reclama información semanal cuando antes lo hacía trimestral, de forma que él adoptará “las medidas que habríamos hecho a final de trimestre”.
"GATILLAZO DE ESCRACHE"
El portavoz adjunto del PP, Iñigo Henríquez de Luna, comenzó su intervención criticando la “impresentable” convocatoria de colectivos de izquierda a la puerta de la comisión para, según él, “coaccionar” e “intimidar” a los concejales, incluso con un motivo gráfico de una mano sujetando a otra que vinculó al imaginario del fascismo de Mussolini, porque “los extremos se tocan”. No obstante, desdeñó humorísticamente la asistencia, de unas decenas de personas, como “un gatillazo de escrache”.
Sobre el fondo de la cuestión, Henríquez de Luna tachó de “humillante” que el de Madrid sea el único ayuntamiento “sometido a la tutela financiera” del Ministerio y reivindicó la labor de la exalcaldesa Ana Botella, quien tuvo que hacer “un PEF muy duro” en 2011, frente a los del actual Gobierno, que ha ido elevando los excesos de gasto (16 millones en 2015 y 233 en 2016) en lo que entiende como “un incumplimiento deliberado” cuando el Ministerio ya permite elevarlo en 460 millones hasta 2018. Y preguntó a Sánchez Mato qué va a hacer ahora para cumplir, una vez ha visto que “la justicia al final actúa”.
El delegado comenzó preguntando dónde estaba su firma en la convocatoria de la concentración contraria a la intervención de Montoro, y pidió que se retiraran las “afirmaciones absolutamente falsas” de que él había promovido esa protesta. Luego puso en cuestión el buen hacer económico de Botella al asegurar que tenía previsto incurrir en un exceso de gasto de 96 millones en 2015, pero que en junio ya iba por los 244, que él tuvo que reducir hasta 16 aun con el presupuesto aprobado del mandato anterior.
“Siempre hemos intentado cumplir la ley”, garantizó el delegado, quien protestó por los lastres que han supuesto para las arcas municipales el pago aplazado a los funcionarios en 2012, las competencias impropias del Ayuntamiento, la obligación de amortizar deuda, las compras obligadas por sentencias judiciales de casos anteriores a Ahora Madrid y el que las viviendas sociales que ya no son susceptibles de vender computen como gasto. Según dijo, todo ello sumarían 788 millones, con los que el Consistorio cumpliría de sobra la regla de gasto, a diferencia de, por ejemplo, la Comunidad de Madrid y el Estado.
El portavoz de Economía de Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, insistió en las compras innecesarias de diciembre de 2016, como la sede del Área en Alcalá, como supuesta prueba del “comportamiento desleal hacia los madrileños” de Sánchez Mato, del que éstos serán víctimas.
Por último, rechazó que se compare con la Comunidad, pues las administraciones y los gastos a los que deben hacer frente son “incomparables”, y enumeró una a una las no ejecuciones presupuestarias de proyectos sociales a las que atribuyó el superávit municipal.
"PELEA DE GALLOS"
Desde el PSOE, Érika Rodríguez Pinzón negó que hubiera “coacción” en la concentración a las puertas de la comisión, puesto que manifestarse es un derecho, y cambió el enfoque del debate, hasta ahora “una pelea de gallos” según ella, para subrayar que, más allá de Sánchez Mato, el problema es la a su juicio “clara agresión” a los ayuntamientos y el gasto público.
Recordó que Madrid no tiene prolemas de estabilidad financiera, y sí recursos suficientes que no le permiten utilizar por “intereses muy concretos” para que el Estado cuadre sus cuentas “ahogando a los ayuntamientos”, y dando prioridad al instrumento, aunque sea excesivo, que a su supuesto objetivo, lo cual “no es justo” para los madrileños.
Carmona intervino para denunciar que la denegación del PEF “no es un debate técnico sino político”, pues a su juicio sólo se pretende atacar al grupo político que gobierna Madrid. Fue contestando a Redondo y su larga enumeración de inversiones sociales no ejecutadas cuando lamentó que, con la decisión de Hacienda, ya no es hora de lamentar falta de ejecución de proyectos, sino que “ahora toca ver qué proyectos hay que quitar, qué proyectos hay que tumbar”.
De esa forma, un miembro de Ahora Madrid admitió por primera vez que el rechazó del PEF obligará, no sólo a retrasar inversiones, como sí se había reconocido, sino a dejar algunas sin hacer. En todo caso, garantizó que el Ayuntamiento seguirá dando la “batalla política” y que “evidentemente se va a recurrir ante los tribunales”.
Elevando el tiro, terminó relacionando la intervención del Ministerio con el hecho de que el PIB español sea similar al de 2008, cuando empezó la crisis (en torno al billón de euros), y sin embargo contenga 54.000 millones menos de masa salarial. “La tarta cada vez se la comen menos”, concluyó.

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