Viernes 09/12/2016.

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El presidente de la AIDV dice que la PAC se contradice al querer mantener la población rural y no garantizar sus ventas

El presidente de la Asociación Internacional de Juristas del Vino (AIDV) Félix Pérez ha opinado que la Política Agraria Común (PAC) se "contradice" al querer mantener la población rural y, al mismo tiempo, no emprender medidas que garanticen las ventas agrarias de este colectivo. Además, se ha referido a una excepción fijada en la Constitución suiza que impone ciertas cuotas de producción y que podría convertirse en una vía a estudiar para proteger el cultivo de la uva en España, ante su hipotética liberación en 2015.
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El presidente de la AIDV dice que la PAC se contradice al querer mantener la población rural y no garantizar sus ventas El presidente de la AIDV dice que la PAC se contradice al querer mantener la población rural y no garantizar sus ventas

Pérez ha hecho estas declaraciones en la pausa de la conferencia anual de dicha asociación, que tiene lugar en el 'Riojafórum' de Logroño.

"Es una contracción que la PAC" fije entre sus objetivos "mantener la población en el campo", así como el "cuidado del medio ambiente", si "no puede mantener una agricultor en el campo" porque éste "no tiene ventas agrarias". En su opinión, "el problema es cómo se estructura eso con la Dirección General de la Competencia de la UE". Y es que "la Dirección General Agraria va por un camino y la Dirección General de la Competencia va por otro".

CUOTA DE LECHE

El presidente ha explicado que la idea de limitar la producción de vino "viene por la leche". En el pasado se fijó una cuota láctea que después adoptó la UE. Sin embargo, "esa cuota va a desaparecer", del mismo modo que la Dirección general de la Competencia "elimina la interprofesión del azúcar, el tabaco...". En su opinión, "vamos a una situación de libre mercado --también en el vino--. Pero el problema o la solución viene por la leche".

Pérez ha explicado que "hay países que establecen una excepción" en temas de cuotas. En el caso de Suiza, está excepción está incluida en la Constitución. "Yo no sé si en la Unión Europea se puede establecer una excepción, pero es una idea. Como abogados hay que buscar una solución, ya depende de las autoridades", ha concluido Pérez.

"Yo entiendo que a través de esa vía" --de establecer excepciones--, se puede llegar a una solución. Esto por "la importancia social que tiene el cultivo de la vid en España y en la Rioja", donde "18.000 familias las que viven de la uva". "Deberíamos estrujarnos la mente para buscar una solución", ha concluido.

Respecto a la liberalización del viñedo en 2015 en la UE, Pérez ha recalcado que la asociación que preside es mundial por lo que las opiniones de sus miembros son muy variadas. "Si un compañero es de Francia seguro que estará pensando que hay que controlar las plantaciones, pero si es americano no tiene ningún interés".

"Yo voy a procurar que el Consejo acepte alguna resolución estableciendo la problemática de que para mantener la calidad de un producto, pues tiene que tener unas normas, un cuaderno de cargas que se llama", ha asegurado el presidente de AIDV.

CONTRATOS Y PRECIOS EN LA UVA

Respecto a la obligatoriedad de redactar contratos para la venta de uva --aunque no fijen un precio--, Pérez se ha referido a la opinión de unos de sus colegas, según el cual se "pueden establecer contratos obligatorios en la interprofesión", aunque sin fijar precios. Aún así, Pérez se ha preguntado "¿para qué un contrato obligado si no puedes negociar precios o fijar unos baremos?".

El presidente de la AIDV ha explicado que el objetivo del congreso es "buscar ideas, puesto que con la Ley actual es materialmente imposible llegar a un acuerdo de precios obligado".

Por su parte una de las ponentes del Congreso, Mari Luz Labrada, ha confirmado que "en el marco normativo actual, un acuerdo de precios sería muy dañino para la Competencia y por tanto contrario a la normativa de defensa de la competencia".

Aún así, "la obligatoriedad de contrato, sin precio fijado, podría mirarse en algún momento por las autoridades competentes", aunque "en este caso no está regulado la existencia de posibles contratos con carácter obligatorio".

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