Sábado 03/12/2016.

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El TSJR desestima dos recursos del Ayuntamiento y la CPAR contra la 'Ecociudad'

El Tribunal de Justicia de La Rioja (TSJR) ha desestimado los recursos contencioso-administrativos interpuestos por el Ayuntamiento de Logroño y Asociación de Constructores, Promotores y Afines de La Rioja (CPAR) contra la Orden 4/2010 de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial por la que se aprueba definitivamente la Zona de Interés Regional Ecociudad Montecorvo.
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El TSJR desestima dos recursos del Ayuntamiento y la CPAR contra la 'Ecociudad' El TSJR desestima dos recursos del Ayuntamiento y la CPAR contra la 'Ecociudad'

Una decisión judicial de la que han dado cuenta esta mañana los consejeros de Administración Pública y Hacienda, Concepción Arruga, y de Obras Públicas, Política Local y Territorial, Antonino Burgos. Han recordado que estas sentencias se unen a las dictadas por el mismo tribunal que también desestimaban los recursos interpuestos por el Colectivo Ecologista Riojano, la CPAR y el Ayuntamiento de Logroño contra el acuerdo de Consejo de Gobierno que aprobaba la declaración de interés supramunicipal del proyecto de la Ecociudad y contra el convenio urbanístico para el desarrollo del mismo.

Arruga y Burgos han señalado que ya son seis las sentencias favorables al Gobierno de La Rioja dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJR en relación con el proyecto de Ecociudad y todas ellas confirman "la absoluta e incuestionable legalidad de la declaración de interés regional de la Ecociudad".

Asimismo, Concepción Arruga ha destacado que, con sus sentencias, "la Sala de lo Contencioso zanja cualquier duda jurídica que pudiera existir" sobre el proyecto y ha subrayado que son 12 las resoluciones judiciales favorables a la Ecociudad.

Estas dos últimas sentencias, en las que la Sala utiliza básicamente los mismos argumentos, desestiman en su totalidad los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Logroño y la CPAR y señalan que la aplicación de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja "deja fuera de toda duda la posibilidad de delimitación de Zona de Interés Regional en suelo clasificado por el Plan General Municipal como no urbanizable y no infringe el principio de autonomía local".

Además, la Sala de lo Contencioso concluye que la competencia ejercida por la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de ordenación urbanística vincula a las competencias municipales en materia de urbanismo.

En este sentido, la consejera de Administración Pública y Hacienda ha señalado que las sentencias centran sus fundamentos en cuatro grandes motivos: "que queda fuera de toda duda la facultad del Gobierno de La Rioja para tramitar y aprobar instrumentos de ordenación del territorio, como la zona de interés regional; que la restrictiva interpretación de la antigua Corporación logroñesa impediría la declaración de zona de interés general en Logroño; que se trata de un proyecto que transciende al municipio de Logroño y persigue un claro efecto ejemplificador como modelo de urbanización al cumplir los objetivos sociales, económicos y medioambientales que exige la citada declaración de zona de interés regional; y que no afecta a la autonomía municipal porque las competencias no son excluyentes sino concurrentes".

"QUE SE SUME EL AYUNTAMIENTO"

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Política Local y Territorial, Antonino Burgos, ha afirmado que el Gobierno de La Rioja "sigue creyendo en la Ecociudad como un proyecto de desarrollo urbano sostenible y trabaja para sumar a la nueva Corporación municipal a este proyecto, oferta que ya se realizó al anterior Gobierno municipal". "Queremos que se impliquen y aporten en positivo lo que tengan que aportar porque la Ecociudad es un proyecto para el desarrollo económico, social y medioambiental de Logroño", ha declarado Burgos.

Por último, ha indicado que tanto el Ayuntamiento de Logroño como la CPAR "han recurrido todos los actos administrativos del Gobierno de La Rioja relacionados con la Ecociudad, y al final lo han perdido todo" porque los jueces, en todas las instancias, han confirmado la legalidad del proyecto y que todas las personas implicadas en su desarrollo "han actuado con honradez y profesionalidad".

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